Una violación más (y quizás más grave) a la libertad de expresión y a la democracia

Por: Luis Roberto Peralta Hernández

De parte de su servidor, dentro del presente espacio, había tenido la oportunidad de compartir con usted estimado lector, el tema de la libertad de expresión, un derecho humano fundamental cuyo ejercicio es necesario dentro de cualquier Estado que se jacte de ser democrático.

En aquel momento, mencionaba que la libertad expresión consiste en la facultad, potestad o derecho, de que goza toda persona, en términos del artículo 6 constitucional (para el caso nuestro país), para ejercer con plena seguridad jurídica, la posibilidad de manifestar sus ideas por los medios que considere oportuno para que, a través del ejercicio de ésta facultad, se pueda lograr el desarrollo pleno de sus demás derechos; el texto constitucional en comento, hace referencia a que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de inquisición alguna ni de carácter judicial ni administrativa, elevando del mismo modo a rango constitucional, la obligación del Estado por garantizar el derecho a la información.

La labor del periodista en cualquier estado democrático busca exponer las realidades que enfrentan el país, su visión, opinión o el producto de sus investigaciones para informar a la ciudadanía; considerado como el cuarto poder por la influencia que tiene en la sociedad, el periodismo puede definirse como la labor profesional por medio de la cual, una persona o conjunto de personas se avocan a la recolección, síntesis, procesamiento y publicación de datos, en la actualidad también se considera como tal y del mismo modo se tutela a la crónica, la entrevista y el análisis de los acontecimientos de una nación.

Pues bien, el motivo de la presente colaboración es realizar una reflexión del párrafo que antecede bajo dos perspectivas: la primera encaminada a identificar una grave problemática en la que está inserto nuestro país en relación a la ola de homicidios que se ha llevado a cabo en contra de las personas que se dedican a la labor periodística, con lo que las autoridades estatales han dejado de cumplir con esa obligación impuesta por nuestro máximo texto legal y en segundo término el mensaje que desde la Presidencia de la República se ha venido dando y que en la semana anterior lo confrontó con el gremio periodístico.

Con respecto a la primera premisa, es importante analizar que, dentro de la violencia que se ha desatado en los últimos meses en el país, la gente que ejerce la profesión del periodismo ha sido intimidada por grupos de la delincuencia organizada para evitar continuar con su labor, llegando a terminar con su vida. ONG´s afirman que durante lo que va del actual sexenio han sido 30 los periodistas asesinados, 5 en lo que va de los dos primeros meses de este 2022 y ubicando a nuestro país entre los 3 países con más muertes en ese rubro en el año pasado. La presente colaboración no va encaminada al análisis de las causas de cada caso, sino más bien el poco interés de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno para lograr garantizar la seguridad pública en general, siendo quizás un ejemplo un poco más visible el caso de los periodistas en relación a todo lo que los ciudadanos viven en su día a día, una lamentable tarea pendiente del gobierno en turno.

Con respecto a la segunda premisa, considero que es necesaria la reflexión acerca del poco tacto que desde la Presidencia de la República se ha tenido para abordar ciertos temas, como el motivo de la presente colaboración, o bien, que éstos sean tratados en los momentos históricos que parecieran más inoportunos, me explico:

En la actualidad convulsa para la seguridad de los gobernados el Estado debe, en términos de la teoría jurídica amén de lo plasmado en la Constitución y en las leyes que de ella emanan, crear las condiciones para el libre ejercicio de los derechos de los gobernados, entendiendo que éstas cuentan con las correlativas limitaciones y responsabilidades que en el ejercicio de los mismos establecen las propias leyes, entre ellos el periodismo, sin embargo, qué mensaje da el titular del Ejecutivo y replicado por la gente que lo sigue, cuando utiliza sus conferencias matutinas para criticar y “exponer” a su modo a ciertos periodistas con quienes no está de acuerdo o quienes no están de acuerdo con él.

Como lo he manifestado anteriormente, la intención de la presente colaboración no es criticar la labor periodística, ni mucho menos la credibilidad de los periodistas que están a favor o en contra de las acciones del Presidente y de sus cercanos, sino más bien, como lo indica el nombre de éste espacio, el realizar desde la perspectiva jurídica un análisis de las limitaciones que del ejercicio de éste derecho de manera tácita o expresa se han presentado en momentos recientes.

El día viernes 11 de febrero el Presidente de República se manifestó en su tradicional conferencia haciendo referencia a datos que obtuvo de la Secretaría de Hacienda y que de manera ilegal hizo públicos; datos relacionados con ingresos económicos de un periodista (presentadas por cierto con faltas ortográficas incluidas).

El periodista en comento por su lado, ejerciendo indirectamente (puesto que no fue en el mismo espacio ni el mismo foro ni con el misma alcance que la maquinaria estatal), su derecho de réplica refiere que el titular del Ejecutivo Federal lo puso a él y a su familia en riesgo. Más allá del riesgo que refiere el particular, es quizás más grave y delicada la postura de la autoridad de trasgredir las leyes y utilizando el poder del Estado, que por la investidura y responsabilidad que representa no debería “engancharse” y ser en estricto apego al derecho señalar por las vías legales lo que correspondiere, cuando la realidad es que pareciera que su actuar busca coartar la actividad periodística, razón por la cual comenzaron a circular en redes sociales diversos mensajes de apoyo y unión por parte del gremio de los comunicadores.

Como mencioné, lo preocupante dentro de un Estado democrático y con apego a derecho, es el hecho de que el Presidente de la República haya vulnerado distintas disposiciones legales entre ellas el artículo 16 Constitucional que consagra entre otros principios los derechos personales para la protección de sus datos privados, el Código Fiscal de la Federación y otras más, situación por demás graves, lo trascedente de éste vergonzoso acto, que ya ha sido replicado en diversos países criticando y cuestionando el ejercicio de la libertad de expresión en México, es la flagrante violación a los derechos fundamentales y la tristemente fragilidad del verdadero ejercicio de la libertad de expresión en nuestra nación, ya sea por parte de la delincuencia y por parte del gobierno, en ambos casos en perjuicio de todos y más aún que haya quien justifique su actuar y no exista autoridad alguna de los demás poderes que hagan sentir su peso y luchen por la legalidad como parte del equilibrio del ejercicio del poder.

“Te cuento una historia para que entiendas qué está pasado: cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es el drama”

Roberto Herrscher

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