Por: Luis Roberto Peralta Hernández
En nuestro país el próximo viernes se conmemora un aniversario más de una acontecimiento de gran relevancia para la nación y cuyo impacto al día de hoy sigue siendo parte del sustento económico del país.
A principios del siglo XX el Gobierno de Porfirio Díaz como parte de sus políticas económicas permitió la entrada de empresas extrajeras para la explotación de los yacimientos petroleros en el país. Si bien la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos de 1917 en el artículo 27 del texto original consagraba en términos generales que correspondía a la nación mexicana la propiedad sobre tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, entre ellos los yacimientos petroleros y de gas, derivado del estallido de la revolución mexicana, las empresas extranjeras continuaron con su actividad de manera normal.
Las condiciones de los trabajadores de la industria petrolera en el periodo posrevolucionario se tornó sumamente difícil, para el año de 1935 lo que vivían los empleados eran tan severas que optaron fundar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para la defensa colectiva de sus derechos laborales. Un año más tarde, el sindicato solicitó el apoyo del gobierno para tratar de entablar negociaciones con los dueños de las compañías petroleras para mejorar sus condiciones de trabajo.
Ante la negativa de las compañías petroleras frente a las demandas laborales, acusando falta de recursos para ello, el sindicato llama a huelga a los trabajadores, a lo que el Gobierno Federal, en ese entonces siendo el Presidente Lázaro Cárdenas Del Río quien respaldo la huelga. Creó una comisión encargada de supervisar a las empresas en materia de recursos económicos, advirtiendo que contaban con los suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores, por lo que fijó para ello como fecha límite las primeras semanas de 1938. Las empresas una vez más se negaron a cumplir, fue cuando el Presidente Cárdenas el 18 de Marzo de 1938 emitiendo su decreto expropiatorio.
¿Pero qué es la expropiación?
El Estado tiene, en términos de la ley, diversas formas en las que puede hacerse llegar de los bienes y recursos necesarios para su sostenimiento y poder cumplir con sus fines y objetivos que deberá ser el bien común, entre ellos tenemos los impuestos, las contribuciones de mejora, le pago de derechos, la expropiación entre otros.
En términos de lo dispuesto por el artículo 27 Constitucional ya comentado anteriormente, todo lo que se encuentra dentro del territorio nacional pertenece originariamente a la nación, pudiendo ceder en algunos casos y bajo algunas condiciones, ésta, a los particulares con lo que se constituye la propiedad privada, sin embargo, podrá ser restringida en los casos y bajo la condiciones que la propia ley suprema establece.
La expropiación en términos generales, es la forma de adquirir la propiedad de determinados bienes cuya propiedad es de los particulares y que pasa a formar parte de la propiedad del Estado cuando dicho bien sea destinado para una causa de utilidad pública, mediante una indemnización al afectado y a través de un decreto expropiatorio.
En nuestro país, contamos con una legislación denominada Nueva ley de Expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, en ella, se establecen los casos en que se considerará la utilidad pública así como las formas y mecanismos que se habrán de seguir para la indemnización.
Dentro de las causas de utilidad pública la ley en comento considera: El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; el embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el gobierno; la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos; la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional; los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública; entre otras.
A lo largo de la historia de nuestro país, hemos visto como todo lo relacionado con la industria petrolera ha sido el bastión de la economía mexicana, máxime que del petróleo y sus derivados dependen hasta el día de hoy, la generación de la energía que es utilizada en la vida diaria tanto a nivel industrial como personal, sin embargo, también hemos reconocido y sufrido las consecuencias de lo relacionado con ésta industria en términos de contaminación global y que han llevado a la humanidad a tratar de encontrar nuevas formas de generación de fuentes de energía más amigables con el planeta.
La realidad es que nadie sabe qué tan cerca esté la tecnología de la humanidad para dejar de depender exclusivamente del petróleo, sin embargo, lo que si es necesario es que la economía de nuestro país deje de depender de él, ya que a pesar de las políticas públicas arcaicas del actual gobierno distan mucho de la modernidad, como el caso de la reforma eléctrica que será abordada en próximas colaboraciones, si me permite el favor de su lectura y que será considerada en próximos meses como parte de la agenda legislativa Federal.
De contar con una visión a futuro con más y mejores opciones de generación de energías limpias que pudieran ser aprovechadas y explotadas racionalmente gracias a las maravillosas condiciones naturales que la república mexicana cuenta.
“La energía renovable no es más cara que el combustible fósil cuando se tiene en cuenta el ciclo de la vida.”
Piyush Goyal
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