Por: Luis Roberto Peralta Hernández
A lo largo de las últimas semanas se ha manejado en diversos programas noticiosos y de corte de análisis político lo que se ha denominado el huachicol fiscal. En ellos, se han dado a conocer diversas investigaciones realizadas tanto por las autoridades de nuestro país así como de los vecinos del norte en lo que han sido señaladas autoridades de distintos ámbitos de competencia y niveles jerárquicos.
El objetivo de la presente colaboración no es, bajo ninguna circunstancia el señalar las investigaciones ni a las personas a quienes se les ha involucrado sino en realidad tratar de entender ¿qué es el huachicol fiscal?, ¿Bajo que figura delictiva se está fraguando este delito? Y ¿Cómo afecta a la economía y al patrimonio nacional?
Pues bien comencemos por tratar de entender la figura del huachicol. A lo largo de la historia de nuestro país, al tratarse de un país cuya economía se sustenta en gran medida en el petróleo y sus derivados sin embargo la palabra en sí tiene distintos orígenes.
Por un lado hay quienes aseguran que la palabra huachicol proviene del latín «aquati» que literalmente significa aguado. Esta palabra llega a Francia y durante el siglo XVI se transformó en “gouache” y con posterioridad a México en donde se comenzó a pronunciar y utilizar en expresiones como: “a lo guache” en ambos países para referirse a la pintura que era diluida en agua para que rindiera más.
Así también, hay quienes sostienen que la palabra huachicol proviene del maya “waach” que significa: forastero, ladrón o falso. Permeando la palabra de poblado en poblado.
A partir de los dos párrafos que anteceden, la historia coincide en que, posterior a su origen en los siglos XVIII y XIX, la palabra comenzó a cobrar relevancia ya que en las personas que vendían aguardientes y bebidas embriagantes añadían agua a sus preparaciones para hacerlas rendir más y que se incrementaran sus ganancias. De ahí que a quienes adulteraban las bebidas se les denominara guachicoleros.
El robo de combustible y su comercialización no es problema, nuevo, se dice que en la década de los 90´s es en donde se registran los primero casos documentados de organización para conformar al huachicol como lo conocemos actualmente, se menciona que ex empleados de PEMEX sustraían combustibles, sobre todo gasolinas y diesel de pipas, contenedores y barcos, para adulterarlos y venderlos en lugares clandestinos. Por ello, en 1999 se tipifico en el Código Penal Federal el Delito de Sustracción de Hidrocarburos como delito especializado, ya que anteriormente era considerado como un delito del fuero local.
Posteriormente, los miembros de la delincuencia organizada descubrieron la rentabilidad de ese “negocio” por lo que se comenzaron perforar ductos sobre todo en la franja de Veracruz, para que se de una idea estimado lector, datos sostienen que en 2011 se tenían contabilizadas 1,361 y para 2018 se habían registrado 14,910, siendo actualmente, los Estado de Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Veracruz los que más registros de tomas clandestinas tienen con un número superior a 5,000 tomas. Siendo protegidos en gran medida por las autoridades
En 2016 se aprobaron varias reformas para convertir en Código Nacional el de Procedimientos Penales, reformar el Código Fiscal de la Federación y emitir la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDMH).
A partir de la política implementada por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en enero de 2019 buscando modificar la logística en la distribución de gasolina por ductos, cerrando 13 de ellos, para ser transportada por medio de pipas que se adquirieron y que trajo como principales consecuencias, el desabasto para muchos estados del centro del país que duro alrededor de 20 días, y por otro lado la escasez incrementó el negocio de reventa de gasolina y por ende el huachicol, siendo además enmarcado por la tragedia de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo en el kilómetro del oleoducto que corre del de Tuxpan a la ciudad de Tula a partir de una toma clandestina.
Se estima que las pérdidas que sufre el gobierno mexicano por este concepto esta alrededor de los 60,000 millones de pesos al año. La afectación principal se constituye a la pérdida de los combustibles (Gasolina, Gas LP, Turbosina y Diesel) partir de su sustracción en sí, cuyo robo constituye alrededor del 7.5% de la producción total, pero además, los ingresos que, con motivo de la venta de ellos, más los impuestos que se generan siendo, según cifras oficiales, 10,600 millones de dólares en el periodo de 2019 a 2024 (7,650 como parte de afectación directa a PEMEX y 2,950 como afectación a las arcas públicas por conceptos de IVA y el IEPS).
Ahora bien, ¿qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal es una práctica relativamente moderna en la cual se busca evadir el pago de impuestos, principalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en la venta de combustibles al ser comercializado en establecimientos ilegales que no reportan el pago de los impuestos correspondientes.
El mecanismo dado a conocer públicamente en fechas recientes, consistió en la importación ilegal de combustibles ya fuera a través de adunas terrestres o bien en puertos marítimos en los que los contenedores se reportaban como llenos de otras sustancias como lubricantes o aditivos para evitar el pago del impuesto correspondiente.
La gasolina y el Diesel importado de manera ilegal, se comercializaba en lugares, cuyo costo al público, era menor del establecido en la normativa oficial, generando una competencia desleal y sobre todo para efecto de la recaudación fiscal, no pagaba una vez el impuesto correspondiente por la venta de esos combustibles.
La militarización de los puertos y las aduanas ha salpicado a algunos personajes de estas dependencias al ser acusados altos mandos de corrupción al permitir, tolerar y obtener beneficios por la omisión en la supervisión de los ingresos de las pipas y buques. En septiembre de 2025, autoridades federales detuvieron a 14 personas señaladas de encabezar la red relacionada con el huachicol fiscal del buque decomisado, entre los que estaban empresarios, funcionarios aduanales y marinos.
Como pudimos apreciar el huachicol fiscal no solamente afecta los ingresos del gobierno mexicano a través de la recaudación por la importación legal de combustibles, sino que además existe una pérdida que el consumidor final no paga, causando un doble daño.
Las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal sostienen que los principales esquemas de importación de diesel y gasolinas disfrazadas de “aditivos y lubricantes” comenzó en 2018 y fue detectado hasta la fecha, se imagina estimado lector ¿la cantidad de millones de litros de combustibles que se han utilizado en nuestro país sin el pago correspondiente de impuestos, más aun, quien lo ha consumido de manera voluntaria o involuntaria sin saber la calidad del producto o las repercusiones en la salud y el mantenimiento de las maquinarias que lo utilizan?
Desafortunadamente la red del huachicol fiscal movió sus redes durante años bajo la mirada indiferente de servidores públicos responsables de la seguridad de puntos críticos de la seguridad nacional como lo son las aduanas y los puertos, los señalamientos, acusaciones y crímenes alrededor de esta cloaca que se acaba de destapar puede alcanzar a los niveles de más altos de los gobiernos locales y el federal, ¿quién o quiénes se beneficiaron de este delito? ¿Cuántas empresas, autoridades, políticos y gobiernos más están coludidos? ¿Cuántos saldrán a luz y cuando serán cobijados por el manto de la impunidad? Seguramente serán pocos en comparación al daño que se nos causa a todos los mexicanos, aunque pensemos o sintamos que no nos afecta.
“…fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo (…) Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación”.
Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sobre el caso del huachicol fiscal.
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