Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Ha comenzado el 2025, el rumbo que tomará nuestra nación aún es confuso. Si bien, la transición del Poder Ejecutivo para ser depositado en las manos de la primera mujer Presidenta de México, ocurrió de manera pacífica como se esperaba y, además el ahora ex Presidente, no ha realizado apariciones públicas que hicieran suponer, como se especulaba, que opacara o incidiera de manera directa en las decisiones del gobierno en turno. Sin embargo, cierto es que, las políticas que se manejaron en el sexenio anterior siguen vigentes y no se percibe que vaya a darse un cambio que permita saber de manera puntual, si tiene la Dra. Claudia Sheinbaum una visión propia de gobierno.
Aunado a las complicaciones de seguridad pública a las que se enfrenta la ahora Presidenta de México, así como la hipotética división al interior de su partido, la “elección» de miembros del poder judicial, la violencia en Sinaloa, los conflictos entre distintos grupos de la delincuencia organizada, ahora se suman los amagues en rubros como combate a la delincuencia, los aranceles, relaciones económicas, migración y demás a las que se enfrentará una vez asuma el cargo Donald Trump. Problemas todos ellos, que nos tocará ver, sentir y analizar a lo largo del presente año.
Parte de las políticas heredadas y que se han ido consolidando dentro del actual régimen, es la desaparición de distintos organismos autónomos, situación que ha sido desde los últimos años de gestión de López Obrador, motivo de división de opiniones. Antes de identificar cuáles son algunos de ellos estimado lector, considero importante conocer un poco más sobre este tema para estar en posibilidad de reflexionar sobre la trascendencia de su papel y/o de su desaparición.
Los organismos autónomos han jugado un papel fundamental en la evolución de las estructuras gubernamentales de la administración pública, la gobernabilidad, democracia y trasparencia de muchos países. Ellos, si bien están relacionados con el Estado, gozan autonomía en su funcionamiento y la gestión de sus recursos, para el cumplimiento de sus fines con imparcialidad y especialización en áreas específicas.
Dentro de sus orígenes a nivel mundial, encontramos que en algunos países sobre todo de Europa, se buscó la creación de Tribunales Constitucionales independientes de cualquier otro poder para buscar la imparcialidad en su labor.
Un claro ejemplo de este fenómeno de la autonomía de órganos estatales es la Reserva Federal de los Estados Unidos, consolidada en 1913 con la finalidad de supervisar la política monetaria de manera autónoma y reducir la influencia política en decisiones económicas. También en este período, se consolidaron organismos reguladores como las comisiones de telecomunicaciones, energía o competencia, que están diseñadas para ser neutrales y tomar decisiones basadas en principios técnicos y no políticos.
Fue así como la teoría reconoció que, además de la tradicional división de funciones del poder, regularmente en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, habrían de coexistir organismos que cumplieran con funciones específicas, por ello se considera que éstos, al gozar de autonomía en sus funciones, cumplieran con roles particulares necesarios para la buena gobernanza, por ello los doctrinarios los subdividieron para su estudio básicamente en: judiciales, electorales, de Bancos Centrales, de Regulación sobre actividades específicas y los de índole internacional.
Los organismos autónomos en México han sido una parte crucial de la evolución política y administrativa del país, representando un avance hacia la democracia, la independencia de poderes y la rendición de cuentas en la gestión pública.
A lo largo del a historia de México como nación independiente, y prácticamente en casi toda ella, uno de los principales problemas que la ha aquejado es la centralización del poder y la toma prácticamente unilateral de decisiones de acuerdo a la voluntad presidencial y del partido político con mayoría.
En nuestro país, los primeros bosquejos de organismos autónomos, se dio a finales del siglo XX con la creación del IFE (Instituto Federal Electoral) para sustituir al organismo gubernamental denominado Comisión Federal Electoral encabezada por la Secretaría de Gobernación quienes organizaban y resolvían sobre las elecciones. Ya para 1996 se le dotó de autonomía e independencia plena desligándose por completo del poder Ejecutivo, teniendo como resultado unas elecciones con mayor trasparencia y logrando por primera vez la alternancia en la Presidencia de la República.
Otros ejemplos son:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es un organismo encargado de promover y proteger los derechos humanos en México. Su independencia le otorga la capacidad de investigar y emitir recomendaciones sobre violaciones a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano frente a toda autoridad estatal, lo que contribuye a una mayor responsabilidad del Estado en este ámbito.
El Banco de México (Banxico), es otro ejemplo importante de órganos autónomos en el país. Se encarga de la regulación de la política monetaria y la estabilidad financiera, y su independencia busca evitar la manipulación política en decisiones clave como la inflación y el tipo de cambio.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), creado con el objetivo de proporcionarle una mayor autonomía en la recopilación, análisis y difusión de la información estadística y geográfica del país. El INEGI juega un papel crucial en el diseño de políticas públicas basadas en datos confiables y transparentes.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se creó para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Este organismo es esencial para el fortalecimiento de la transparencia en el gobierno y para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre la administración pública.
Ya para 2014, se reforma la Constitución Federal a efecto de otorgar autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR) que sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dotándola de mayor autonomía en su función de investigación y persecución de delitos, con el fin de garantizar una mayor independencia de las presiones políticas.
Una de las características más importantes de los organismos autónomos consiste en que su nacimiento se encuentra regulado en la Constitución, es decir, que deberá considerarse dentro del máximo texto legal del país en el que se reconoce la necesidad y se justifica su existencia, ya que contará con la independencia en el ejercicio de sus funciones, gozará de recursos para tal efecto, así como, la promulgación de las leyes secundarias que les determinan su creación, conformación, regulación y actividades a desarrollar como procesos y procedimientos.
A lo largo de la historia, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial, los organismos autónomos han servido como vía para canalizar necesidades específicas, técnicas del estado; pero también para que el ciudadano tenga las herramientas independientes a las decisiones del gobierno, aún en contra de su voluntad para hacer valer determinados derechos como el acceso a la información y trasparencia que el gobierno actual eliminó mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2024 en el que, además del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se determinó la desaparición de: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Si bien varias de las funciones que desempeñaban estos organismos descritos pasarán a formar parte de la estructura central de alguna secretaría de gobierno, lógicamente estarán supeditados a las decisiones del poder, su revisión y escrutinio.
Como pudimos apreciar, tanto en México como en la mayoría de los países la idea básica de la existencia única de una división tripartita de las funciones ha quedado corta. Las dinámicas sociales y la vida actual de las sociedades, sobre todo democráticas, requiere de especificidad en muchas de las tareas además de independencia que permita el reconocimiento social de la vida en democracia, la igualdad, la equidad y la oportunidad de justicia social distinto a intereses ajenos a los de la propia población.
El gobierno anterior y el actual, acusan poca operatividad de muchos, si no todos, los organismos autónomos que a la fecha se han creado, consideran que los gastos que se erogan para el cumplimiento de sus fines no son justificados ni necesarias sus subsistencias, además de que, es el propio gobierno en turno quien puede y debe ejercer esas funciones bajo un esquema de dependencia central. Estamos actualmente en un periodo no sólo en México, sino en el mundo, en el que el gobierno sea capaz y apto para realizar todo y controlar todo con trasparencia.
¿Será la desaparición de muchos de los organismos autónomos de nuestro país un retroceso en muchos de los ámbitos de la vida del México contemporáneo?
Usted estimado lector tendrá la última palabra y el tiempo nos dará la respuesta.
“Las instituciones no son autónomas en un sentido absoluto, sino en un sentido relativo que depende de su capacidad para resistir las presiones de los poderes políticos.»
José Woldenberg
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