Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Ya en anteriores ocasiones dentro de este espacio se había abordado el tema relacionado con las elecciones del Poder Judicial, bajo el esquema de las reformas sufridas a la Constitución Federal y leyes de la materia tanto en el ámbito Federal como en las disposiciones locales.
En concordancia con lo descrito en las reformas en comento, fue precisamente el día 1 de junio de 2025, en el que se celebraron por primera vez los comicios en los que se eligieron a los candidatos que ejercerán las funciones que van desde, jueces locales hasta los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proceso por el cual los candidatos a estos cargos públicos dieron a conocer sus aspiraciones, fueron de inicio por demás marcado con irregularidades que muchos especialistas, analistas políticos y jurídicos anticiparon que sucedería, entre los que destacaron: la necesidad de regular los tiempos en que se realizaría el proselitismo, en atención a que varios de ellos aún estaban en el ejercicio de sus funciones, “buscando” que no desatendieran sus responsabilidades; por otro lado muchos de los aspirantes, entre los que desafortunadamente resultaron electos, se encuentran personajes vinculados con defensa de personas a quienes se ha acusado por delitos de delincuencia organizada, así como personas que han cometido ilícitos o quienes no cuentan con experiencia en los procesos jurisdiccionales.
Los procesos de registro no fueron tampoco, nada seguros ni transparentes, pues se afirma hubo personas que realizaron el proceso de inscripción sin contar con los requisitos mínimos para poder acceder a las candidaturas.
Ya una vez realizada la jornada electoral se destaca que, del padrón electoral, el total de personas que efectivamente pudo realizar el sufragio, el cual se estima en alrededor de 99.8 millones de mexicanas y mexicanos, solamente acudió a las urnas entre el 12.5 y 13.3% de ellos es decir casi 13 millones de votos de los cuales se registró el récord de votos nulos con alrededor del 20% de esos trece millones con un costo total aproximado para la realización de las elecciones de unos 800 mdp.
Se instalaron alrededor de 84,000 casillas, en las que no hubo representantes de partidos políticos, situación considerada como irregular, aunado a la poca participación ciudadana en la conformación de las mesas de casillas en las qué además, a diferencia de las elecciones como las conocíamos, no le correspondió a las y los ciudadanos el cómputo de los votos, ni se realizará en el lugar de la votación ya que los paquetes fueron trasladados a los consejos distritales y ahí las autoridades electorales lo realizaron. Es importante puntualizar que si bien, estos consejos distritales son integrados por ciudadanos, si poseen en términos de la ley la categoría de autoridades electorales.
Aunado a lo anterior, derivado de la gran cantidad de candidatos que se encontraban en las boletas de votación, la autoridad electoral tuvo que resolver lo que la gente denominó, “acordeones electorales” es decir, que muchas personas ingresaron a las urnas para emitir sus votos con una guía preestablecida por quienes deberían emitir su sufragio. Situación que aumenta las dudas acerca, en primer lugar, del conocimiento que tenía la población acerca de los candidatos, sus ideologías, la preparación para el cargo a ejercer y por el otro, la verdadera voluntad propia o indicación girada por “alguien” para emitir el voto en favor de personal específico.
Los resultados fueron por demás previsibles en atención a que los candidatos afines al gobierno en el poder resultaron vencedores de las contiendas para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como algunos cargos con personas vinculadas con ellos, además de personas que si bien, no contaban con la experiencia para el ejercicio del cargo, sí han estado ligadas a defensa de personas enjuiciadas por delincuencia organizada, que si bien no determina ello su capacidad, si podría en algún momento presentar conflicto de intereses.
El derecho a un juez competente, independiente e imparcial es un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8, del mismo modo dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se contempla en el art. 14. En relación a ello, los Principios Básicos de la ONU Relativos a la Independencia de la Judicatura, establecen que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales deben ser “personas íntegras e idóneas y tener la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de Observación Electoral en México para la elección de autoridades del Poder Judicial, una vez concluida la jornada electoral emitió su informe preliminar en el que dejó constancia que fue un proceso complejo, polarizado y además:
La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.
Ante ello, el Gobierno de nuestro país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de nota diplomática dirigida al Secretario General de la OEA rechazando las recomendaciones vertidas ya que: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
Una vez declarados los ganadores, existieron casos como el del Poder Judicial del Estado de México que determinó impartir un curso obligatorio a partir del 1 de Junio de poco más de 2 meses, para aquellos profesionistas del derecho que resultaron electos a los distintos cargos antes de iniciar sus funciones, para capacitarlos en áreas afines y necesarias para encargar tan trascendental encargo dentro del estado. Dividido en 57 sesiones, que se desarrollarán de manera presencial, se estudiarán diez módulos con temas relacionados con: la estructura orgánica del Poder Judicial del Estado de México, Plan de Desarrollo que comprende Democratización de la Justicia, Implementación de la Reforma Judicial, Legitimidad Judicial y Confianza Ciudadana.
Además, Sistema Anticorrupción, Ética Judicial, Argumentación Jurídica, Razonamiento Judicial, Tecnologías de la Información, módulos especializados en las materias Civil, Familiar, Penal, Tribunal de Disciplina Judicial, Simulador de Audiencias, entre otros, en fin, pareciera que se están haciendo las cosas al revés.
Así comenzará la impartición de justicia en el Estado de México a partir del 5 de Septiembre con varios profesionistas que no han emitido nunca una sentencia ni conducido una audiencia y que decidirán sobre la libertad, el patrimonio de una persona o acerca de los derechos familiares.
En el ámbito Federal y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación las cosas no son tan diferentes, muchos de los candidatos que resultaron electos y que rendirán protesta a principios de septiembre, cuentan con los requisitos que marca la ley para el acceso al ejercicio de la función jurisdiccional, sin embargo, pocos son los que poseen la experiencia que da la carrera judicial. La popularidad no es sinónimos de capacidad; la buena voluntad no basta para cuestiones que requieren capacidad profesional técnica. Históricamente el contrapeso dentro de cualquier sistema democrático es el Poder Judicial, el que por su propia naturaleza debe ser más ecuánime y lejos del protagonismo, el mediador entre los otros dos, ahora no sabemos que pasará con nuestro país. La democracia, la legalidad la certeza jurídica y verdadero estado de derecho se tambalea como nunca en la historia del México posrevolucionario. Ojalá y no sea el fin del orden constitucional.
«No es lo mismo ser borracho que cantinero..»
Dicho popular anónimo
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