La última libertad

14 DE ABRIL DE 2026 La última libertad

Por: Víctor Manuel Reyes Ferriz

Hay decisiones que incomodan no por lo que implican en sí mismas, sino porque obligan a la sociedad a mirarse en un espejo que durante siglos, con disciplina casi religiosa, ha evitado, y pocas decisiones provocan esa incomodidad con la intensidad de la eutanasia, no tanto por el acto médico que representa sino por la fractura moral que expone, por la grieta que abre entre lo que creemos que debe ser la vida y lo que en realidad puede llegar a ser cuando el dolor se convierte en una constante que no concede tregua ni sentido, y es precisamente ahí donde el caso de una mujer joven como Noelia Castillo deja de ser un episodio aislado para convertirse en una interrogante global: ¿por qué el mundo sanciona con tanta dureza la decisión de alguien que simplemente ya no quiere seguir viviendo bajo condiciones que no eligió y que tampoco puede modificar?, la respuesta no es simple ni lineal, porque no se trata únicamente de leyes, ni de religiones, ni siquiera de sistemas médicos, sino de una construcción histórica profundamente arraigada que ha colocado a la vida como un valor absoluto, innegociable y, en muchos casos, ajeno a la experiencia concreta de quien la habita, y esa distancia entre el principio abstracto y la realidad tangible es lo que vuelve tan difícil sostener un discurso coherente cuando se enfrenta a casos donde vivir deja de ser una posibilidad digna de ser defendida desde fuera.

Desde esa perspectiva, la sanción global hacia la eutanasia no nace necesariamente del acto en sí, sino del miedo a lo que representa permitirlo, porque aceptar que una persona puede decidir cuándo morir implica desmontar una de las estructuras más sólidas de la civilización: la idea de que la vida debe preservarse a toda costa, sin importar las condiciones en las que transcurra, lo cual, ha sido reforzado durante siglos por tradiciones religiosas, marcos jurídicos y sistemas éticos que encuentran en la vida no solo un derecho, sino una obligación, y ahí es donde aparece el primer conflicto fundamental, porque lo que para el Estado es una responsabilidad de protección, para el individuo puede convertirse en una imposición que ignora por completo su desgaste emocional, su dolor, su límite personal y sobre todo su realidad cotidiana, y es en ese punto donde la discusión deja de ser abstracta y se vuelve profundamente incómoda, ya que obliga a reconocer que no todas las vidas se experimentan de la misma manera y que, por lo tanto, no todas pueden sostenerse bajo los mismos criterios morales, lo que a su vez evidencia que la universalidad de ciertos principios puede ser, en realidad, una forma sofisticada de negación de la diversidad del sufrimiento humano.

La intervención de un eje moral en una decisión que, en apariencia, debería ser estrictamente personal no es accidental, sino el resultado de una necesidad colectiva de mantener cierto orden simbólico sobre lo que significa vivir y morir, porque permitir que cada individuo determine su propio final rompe con la narrativa de control que las sociedades han construido para garantizar estabilidad; empero, no se trata únicamente de religión, aunque su influencia es innegable, sino de una convergencia de factores que incluyen el miedo al abuso, la desconfianza en las instituciones, la protección de los más vulnerables y, sobre todo, la incapacidad de aceptar que el sufrimiento puede ser tan devastador que haga racional la decisión de dejar de existir, lo cual, contradice frontalmente la idea de resiliencia que tanto se promueve como virtud universal, como si resistir fuera siempre la opción correcta, como si rendirse fuera necesariamente un fracaso y no, en ciertos casos, una conclusión inevitable que responde a una lógica interna que solo quien la vive puede comprender en su totalidad.

En este punto emerge con fuerza la influencia de las religiones, particularmente de la tradición judeocristiana que ha permeado gran parte del pensamiento occidental, donde la vida es concebida como un don que no pertenece al individuo sino a una instancia superior, lo cual, convierte cualquier intento de ponerle fin en un acto moralmente reprochable, cercano al pecado o incluso al homicidio, y aunque en sociedades contemporáneas se ha intentado separar el Estado de la religión, la realidad es que muchos de esos principios han sido absorbidos por la cultura y traducidos en normas legales que continúan operando bajo la lógica de preservar la vida a toda costa, incluso cuando esa vida se ha transformado en una experiencia de dolor constante, y es precisamente ahí donde el discurso moral comienza a mostrar sus limitaciones, porque pretende aplicar una regla universal a situaciones profundamente particulares que no pueden ser comprendidas en su totalidad desde un marco externo.

Reducir la oposición a la eutanasia únicamente a un tema religioso sería simplificar en exceso un fenómeno mucho más complejo, porque también existen argumentos laicos que cuestionan su implementación, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de abuso, a la presión social o familiar que podría influir en la decisión de una persona vulnerable, o al riesgo de que se normalice como una solución frente a problemas que podrían abordarse desde otros enfoques, como los cuidados paliativos o el acompañamiento psicológico, y estos argumentos, aunque en ocasiones son utilizados de manera desproporcionada, no pueden ser descartados por completo, ya que señalan áreas reales de riesgo que deben ser atendidas si se pretende construir un marco legal sólido que permita ejercer este derecho sin poner en peligro a quienes podrían ser afectados por un mal uso del mismo.

Resulta particularmente revelador que gran parte de la oposición a la eutanasia se construya sobre escenarios hipotéticos que, aunque posibles, no representan la mayoría de los casos reales, como el temor a que personas sean presionadas para morir por intereses económicos, o que se utilice como una vía para evadir responsabilidades legales, deudas o condenas judiciales, lo cual, si bien no es descartable, tampoco puede convertirse en el argumento central para negar un derecho a quienes verdaderamente viven en condiciones de sufrimiento extremo, porque bajo esa lógica cualquier derecho podría ser restringido ante la posibilidad de un mal uso, y es ahí donde la discusión pierde proporcionalidad, porque se privilegia el riesgo potencial sobre la realidad concreta de quienes ya no encuentran en la vida una experiencia soportable, y se les obliga a continuar no por su propio bienestar, sino por la tranquilidad moral de terceros que no comparten su dolor ni enfrentan sus consecuencias.

La eutanasia, entendida como una posibilidad regulada, no elimina estos riesgos, pero sí permite gestionarlos dentro de un marco institucional que busca precisamente evitar abusos y garantizar que la decisión responda a una voluntad auténtica, informada y sostenida en el tiempo; empero, en muchos contextos la discusión sigue atrapada en una lógica prohibicionista que prefiere negar la existencia del problema antes que enfrentarlo con herramientas legales adecuadas, lo cual, termina por generar escenarios mucho más peligrosos para quienes, ante la falta de alternativas, recurren a soluciones clandestinas que carecen de cualquier tipo de supervisión o acompañamiento.

A pesar de que algunos países han avanzado en la legalización de la eutanasia bajo criterios estrictos, la condena social no ha desaparecido, lo que demuestra que el problema no es únicamente jurídico, sino profundamente cultural, porque incluso cuando el Estado reconoce este derecho, una parte importante de la sociedad continúa percibiéndolo como una transgresión moral, como una renuncia inaceptable o como una forma de derrota que debería evitarse a toda costa; sin embargo, esta postura suele ignorar que la decisión de terminar con la propia vida no se toma en el vacío, sino en contextos donde el sufrimiento ha alcanzado niveles que difícilmente pueden ser comprendidos por quienes no los experimentan.

El caso de Noelia Castillo adquiere relevancia precisamente porque rompe con muchos de los supuestos que suelen utilizarse para justificar la prohibición de la eutanasia, ya que no se trata de una persona en etapa terminal en el sentido tradicional, sino de alguien que vivía con una condición que, aunque no implicaba una muerte inminente, sí generaba un nivel de sufrimiento constante que ella consideraba incompatible con una vida que valiera la pena ser vivida, lo cual, abre un debate aún más complejo sobre los criterios que deben utilizarse para determinar cuándo una persona tiene derecho a tomar esta decisión.

Pensar que existe un umbral universal de sufrimiento a partir del cual una persona puede o no decidir rendirse es, en sí mismo, una contradicción, porque el dolor no es una magnitud objetiva que pueda medirse desde el exterior, sino una experiencia profundamente subjetiva que solo quien la vive puede dimensionar en su totalidad, y es precisamente esa imposibilidad de cuantificar el sufrimiento lo que genera tanta resistencia social, porque deja sin herramientas claras a quienes pretenden regularlo desde fuera, obligándolos a recurrir a criterios generales que, inevitablemente, resultan insuficientes para abarcar la complejidad de cada caso.

Aceptar que la decisión de terminar con la propia vida puede ser legítima en ciertos contextos implica también reconocer que no todas las resistencias son virtuosas, y que insistir en la permanencia puede convertirse en una forma de violencia cuando ignora la voluntad del individuo, sobre todo cuando se trata de personas que viven con condiciones irreversibles, dolores constantes o limitaciones severas que afectan de manera profunda su calidad de vida, y es en ese punto donde la discusión debería desplazarse del deber de vivir hacia el derecho de decidir.

La idea de “muerte digna”, tan utilizada en este debate, también merece ser cuestionada, no porque carezca de valor para quienes la defienden, sino porque puede convertirse en una forma de suavizar una realidad que, en esencia, es profundamente dura, ya que morir nunca es un proceso verdaderamente digno en sí mismo, sino inevitable, y lo que podría considerarse digno no es el acto de morir, sino la posibilidad de decidir cuándo dejar de vivir bajo condiciones que han dejado de ser tolerables para quien las experimenta.

Negar esa posibilidad bajo el argumento de proteger la vida puede resultar, paradójicamente, en una forma de prolongar el sufrimiento, trasladando la carga de la decisión a una estructura social que no experimenta las consecuencias directas de esa imposición, lo cual, revela una desconexión profunda entre quienes juzgan, legislan u opinan y quienes realmente viven las condiciones que los llevan a contemplar esta alternativa, evidenciando que el debate no puede seguir planteándose únicamente en términos abstractos, sino que debe incorporar de manera central la experiencia concreta del individuo.

La discusión sobre la eutanasia también obliga a replantear el concepto de dignidad, que con frecuencia se asocia a la manera en que se muere, cuando en realidad podría estar más vinculado a la capacidad de decidir, porque morir no es, en sí mismo, un acto digno o indigno, sino inevitable, y lo que verdaderamente puede dotarlo de sentido es la posibilidad de elegir cuándo y cómo enfrentar ese final, especialmente cuando la vida ha dejado de ser una experiencia tolerable para quien la vive.

Aceptar este enfoque implica reconocer que la libertad individual no puede ser fragmentada en función de criterios externos que ignoran la realidad del individuo, y que el derecho a decidir sobre la propia vida debería incluir, necesariamente, la posibilidad de decidir sobre su final, siempre bajo condiciones que garanticen que dicha decisión no responde a factores ajenos a la voluntad de la persona.

Finalmente, lo verdaderamente relevante no es si la eutanasia debe ser aceptada o rechazada de manera universal, sino si estamos dispuestos a reconocer que el sufrimiento ajeno no puede ser juzgado desde la distancia, que la vida no siempre es un bien incuestionable cuando se convierte en una carga insoportable, y que negar la posibilidad de elegir el propio final puede ser, en muchos casos, una forma de violencia institucional disfrazada de protección, por lo que la pregunta que queda abierta no es jurídica ni religiosa, sino profundamente humana: ¿tenemos realmente el derecho de obligar a alguien a seguir viviendo cuando ya ha decidido, con plena conciencia, que no quiere hacerlo?

DATO CULTURAL.

Un día como hoy en 1865 en Washington D.C., Estados Unidos, el Ford´s Theatre se convierte en el escenario de uno de los magnicidios más recordados de la historia, cuando el actor y fanático sudista John Wilkes Booth, dispara al presidente Abraham Lincoln un tiro en la nuca y grita «Sic semper tyrannis (Así siempre a los tiranos)», para hacer una salida teatral tras saltar al escenario, y correr hacia la salida trasera para terminar huyendo a caballo; en 1912 en el Océano Atlántico norte, aproximadamente en las coordenadas 41°43′55″N 49°56′45″O, el transatlántico británico RMS Titanic, el cual, era considerado “insumergible”, con sus 269 metros de largo, choca contra un iceberg de entre 1,5 y 2 millones de toneladas de peso, con dimensIones aproximadas de entre 15 y 30 metros por encima del agua y de 60 a 120 metros sumergidos, provocando que este naufragara dejando a más de 1,500 fallecidos en lo que fue su viaje inaugural; en 2003 en Bethesda, Estados Unidos, el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano y el Departamento de Energía ofrecen una conferencia de prensa para dar a conocer la culminación exitosa del programa “Human Genome Project” (Proyecto Genoma Humano), el cual, tuvo como objetivo identificar la totalidad de los genes humanos (entre 20 y 25 mil), así como los 3 mil millones de pares de bases químicas, alcanzando un avance en áreas de la medicina como biotecnología y genética que no tienen comparación.

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