| 21 DE ABRIL DE 2026 | Lenguaje como imposición |
Por: Víctor Manuel Reyes Ferriz
Aguascalientes ha colocado una frontera clara en un terreno donde casi todos han preferido moverse con ambigüedad, y esa claridad ha generado incomodidad porque rompe con una narrativa dominante que asume que toda expresión social emergente debe ser absorbida automáticamente por las instituciones, y, en ese sentido, lo que realmente se está cuestionando no es una medida en particular sino la idea misma de que la presión social puede sustituir al criterio, porque cuando cualquier demanda logra convertirse en norma sin atravesar procesos de validación, lo que se debilita no es el orden, es la capacidad de distinguir entre lo que se siente legítimo y lo que ha demostrado serlo.
El pasado 12 de marzo, el Congreso local aprobó una reforma a su Ley de Educación (ámbito local claramente), y, lo que se estableció no es menor, ya que se determinó que el lenguaje dentro de las aulas de educación básica pública y privada debe mantenerse dentro de parámetros estructurados, verificables y funcionales para el aprendizaje, excluyendo formas lingüísticas que no cuentan con respaldo científico sólido en términos pedagógicos; es decir, no podrá utilizarse el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, materiales didácticos ni procesos pedagógicos, y esto obliga a observar la medida desde una lógica que ha sido constante en la historia de la educación: no todo lo que existe en el ámbito social tiene cabida en el proceso formativo de los menores, especialmente cuando dicho proceso se encuentra en etapas críticas de desarrollo cognitivo, porque enseñar no es reflejar, es seleccionar, y seleccionar implica necesariamente excluir aquello que no ha demostrado utilidad formativa.
Bajo ese parámetro, resulta indispensable desmontar una de las ideas más repetidas en la crítica pública: que esta decisión implica desconocer identidades o invisibilizar a ciertos grupos, porque esa afirmación no resiste un análisis riguroso, ya que reconocer la existencia de una experiencia no obliga a institucionalizarla como contenido educativo, de hecho, la escuela no está diseñada para validar percepciones individuales sino para construir estructuras de pensamiento que permitan, en etapas posteriores, comprender y debatir dichas percepciones con criterio propio, no se desconoce; empero, las instituciones educativas son y deberán ser de formación, y en ese sentido no pueden incorporar como norma aquello que no cuenta con un sustento biológico, científico y neuronal sólido, ya que hacerlo implicaría transformar el proceso educativo en un mecanismo de legitimación simbólica en lugar de un sistema de transmisión de conocimiento estructurado.
Conviene entonces observar con detenimiento qué es lo que realmente se está pidiendo cuando se exige la implementación del lenguaje inclusivo en las aulas, porque no se trata únicamente de permitir que ciertos estudiantes se expresen de determinada manera, sino de validar institucionalmente una estructura lingüística que modifica categorías básicas del idioma, y este punto es crucial porque desplaza el debate de la libertad individual hacia la normatividad colectiva; es decir, cuando una forma de hablar se convierte en expectativa pedagógica deja de ser una opción para convertirse en una obligación implícita, y es en ese momento cuando el aula deja de ser un espacio de aprendizaje estructurado para convertirse en un entorno de adhesión a determinadas formas de entender la realidad.
Resulta particularmente revelador que quienes defienden la incorporación de este tipo de lenguaje rara vez presenten evidencia empírica que respalde sus beneficios en el ámbito educativo, y es que las investigaciones disponibles que cuentan con algún tipo de sustento científico, muchas de ellas difundidas por organismos como la American Psychiatric Association o la American Educational Research Association, se concentran en analizar efectos de percepción o visibilidad, pero no demuestran mejoras sostenidas en el desarrollo académico, cognitivo o emocional de los estudiantes; es decir, pueden sugerir que ciertos individuos se sienten más representados en determinados contextos; empero, no prueban que esa representación se traduzca en beneficios tangibles dentro del proceso formativo, porque la diferencia entre percepción y resultado es fundamental, y confundir ambas dimensiones no es un error menor, es una distorsión que permite justificar la incorporación de contenidos sin evidencia suficiente.
Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, la fragilidad del argumento inclusivo es aún más evidente, ya que diversos estudios longitudinales han documentado que la identidad en la infancia no es fija sino altamente plástica y susceptible a influencias externas, y, en particular, investigaciones sobre incongruencia de género en menores han señalado tasas de desistimiento que oscilan entre el 60% y el 80%, lo que indica que una proporción significativa de niños que en etapas tempranas manifiestan una percepción distinta de su identidad no la mantienen en la adolescencia o la adultez; por ello, este dato no invalida la experiencia de quienes sí consolidan esa identidad, pero sí cuestiona la pertinencia de introducir categorías complejas como base lingüística en una etapa donde la estabilidad psicológica aún no está definida, porque enseñar sobre estructuras inestables no amplía el conocimiento, introduce ruido en su formación.
Frente a esta evidencia, la insistencia en incorporar el lenguaje inclusivo en educación básica adquiere un carácter problemático, ya que no responde a criterios pedagógicos sólidos sino a demandas sociales específicas, y, cuando la educación comienza a responder a la presión en lugar de a la evidencia, se produce un desplazamiento peligroso en su función, porque deja de ser un sistema de formación para convertirse en un mecanismo de validación, y ese cambio, aunque sutil en apariencia, tiene implicaciones profundas en la manera en que se construye el pensamiento en etapas tempranas.
En este contexto, surge un punto que ha sido sistemáticamente ignorado: la posibilidad de que la inclusión, cuando se convierte en obligación, genere nuevas formas de exclusión, ya que la narrativa dominante plantea que el uso del lenguaje inclusivo es una forma de respeto hacia ciertas identidades; empero, omite considerar el impacto que esa exigencia puede tener en quienes no comparten esa visión, porque el estudiante que percibe el mundo a través de categorías biológicas tradicionales —que siguen siendo la base del conocimiento científico— se ve obligado a adoptar una forma de expresión que no corresponde con su comprensión de la realidad, y esa imposición no es neutral, es una forma de presión que redefine qué pensamiento es aceptable dentro del aula.
Dicho de otra manera, la inclusión de unos no puede implicar la invalidación obligatoria de otros, porque cuando el sistema educativo exige el uso de determinadas formas lingüísticas está estableciendo un marco de legitimidad que favorece ciertas percepciones sobre otras, y el problema no es que existan distintas formas de entender la identidad, sino que una de ellas se convierta en estándar dentro de un espacio donde debería prevalecer la neutralidad pedagógica, ya que en ese momento la diversidad deja de ser coexistencia para convertirse en jerarquía.
Aunado a lo anterior, es necesario considerar el papel de la presión social dentro del aula, porque en entornos donde ciertas prácticas adquieren legitimidad moral, los individuos que no se adhieren a ellas pueden ser objeto de corrección constante o señalamiento; es decir, el estudiante que no utiliza lenguaje inclusivo no necesariamente lo hace por rechazo o prejuicio, sino porque su estructura conceptual del lenguaje no incorpora esas formas; sin embargo, cuando dichas formas son promovidas institucionalmente, su negativa puede interpretarse como falta de sensibilidad, generando un entorno donde la conformidad se convierte en mecanismo de adaptación y la libertad de pensamiento comienza a erosionarse de manera silenciosa.
Otro elemento que merece atención es la relación entre biología y lenguaje, ya que el modelo biológico humano es, en esencia, binario, y sobre esa base se ha construido históricamente la gramática, lo que no implica negar la existencia de variaciones o excepciones, pero sí reconocer que la estructura lingüística responde a patrones observables y funcionales, y modificar esos patrones sin una justificación científica sólida introduce un elemento de inestabilidad que no ha sido suficientemente evaluado en términos educativos.
En este punto, resulta pertinente recordar que el reconocimiento clínico de ciertas experiencias no equivale a su validación como contenido educativo universal, ya que organismos como la World Health Organization o la American Psychiatric Association han establecido marcos para comprender la incongruencia de género desde una perspectiva de salud, lo cual, permite su atención adecuada, pero esto no implica que dichas categorías deban convertirse en norma lingüística dentro de la educación básica, porque confundir estos niveles de análisis conduce a una expansión conceptual que desborda el ámbito para el cual fueron diseñados.
Por otra parte, el argumento de que permitir el lenguaje inclusivo simplemente amplía las opciones de expresión, ignora el efecto normativo que dicha permisividad puede generar, ya que cuando una institución valida una forma de lenguaje esta tiende a convertirse en referencia obligada, especialmente en contextos donde la evaluación forma parte del proceso educativo, y así, lo que se presenta como libertad termina operando como expectativa, y la expectativa como presión.
Llegados a este punto, es inevitable abordar la cuestión del adoctrinamiento, porque la escuela tiene la responsabilidad de formar individuos capaces de pensar de manera crítica, no de adherirse a una visión específica del mundo, e introducir el lenguaje inclusivo como parte del proceso educativo sin un sustento científico claro implica orientar el pensamiento del alumno hacia una interpretación particular de la realidad; es decir, no se le está enseñando a analizar el lenguaje sino a adoptarlo bajo determinados supuestos, lo que reproduce exactamente aquello que se pretende evitar.
Queda entonces la pregunta sobre cuál debe ser el criterio para incorporar contenidos en la educación básica, y, si la respuesta se basa en evidencia científica, coherencia pedagógica y funcionalidad del aprendizaje, el lenguaje inclusivo no cumple con los requisitos necesarios, porque hasta este momento no existe evidencia científica robusta, longitudinal ni replicable que demuestre que su uso genere beneficios en el desarrollo integral de los estudiantes, y esta ausencia de evidencia no es un detalle menor, es el punto exacto donde debería detenerse cualquier intento de institucionalización.
La discusión sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas revela, en última instancia, una tensión más profunda entre reconocimiento social y responsabilidad institucional, porque la sociedad puede —y debe— debatir, cuestionar y redefinir sus categorías; empero, la escuela no puede absorber cada una de esas transformaciones sin evaluar su impacto en el proceso formativo, ya que cuando lo hace sin ese filtro, deja de educar para comenzar a validar.
Finalmente, si aceptamos que la presión social puede definir lo que se enseña por encima de la evidencia, ¿no estamos renunciando al único criterio que permite que la educación siga siendo un espacio de formación y no simplemente un reflejo de aquello que resulta más insistente en el debate público?
DATO CULTURAL.
Un día como hoy en 753 a.C. a orillas del Río Tíber, según la leyenda, Rómulo uno de los hijos del Dios Marte que fueron amamantados por una loba, funda la conocida ciudad de Roma, la cual, siguiendo la leyenda, años después de haber sido criados por la loba, en una disputa entre los hermanos gemelos, Remo se encontraba construyendo una muralla y Rómulo lo ensartó con su espada, por ello, en honor a su hermano la ciudad tomó el nombre de Roma; en 2018 en todo el mundo, se conmemora por primera ocasión el “Día Mundial de la Creatividad y la Innovación” el cual, fue declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante su resolución A/RES/71/284 de fecha 1 de mayo de 2017 con la finalidad de reconocer que la innovación es esencial para aprovechar el potencial económico de cada nación y enaltecer la importancia de apoyar el emprendimiento; en 2025 fallecía en Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano, en la Casa de Santa Martha (Domus Sanctae Marthae) el papa 266 de la iglesia Católica Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio quien ostentó el cargo durante 12 años 1 mes y 2 días.
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