| 23 DE JUNIO DE 2026 | La renuncia a la indignación |
Por: Víctor Manuel Reyes Ferriz
Existe una diferencia profunda entre vivir en una sociedad imperfecta y vivir en una sociedad que ha dejado de indignarse por sus imperfecciones; la primera reconoce sus fallas, las señala y busca corregirlas, mientras la segunda aprende a convivir con ellas hasta convertirlas en parte del paisaje cotidiano, de tal forma que aquello que alguna vez provocó rechazo termina generando indiferencia y lo que antes era considerado inaceptable comienza a percibirse como algo normal, inevitable o incluso esperado; durante años hemos escuchado explicaciones que atribuyen nuestros problemas colectivos a los gobiernos, a los partidos políticos, a las instituciones o a quienes ocupan posiciones de poder, pero esa interpretación resulta insuficiente porque deja fuera un elemento fundamental de la ecuación: nosotros mismos; la realidad es mucho más incómoda porque obliga a reconocer que el deterioro de una sociedad rara vez comienza en los niveles más altos de la estructura pública y con frecuencia inicia en los comportamientos cotidianos que millones de personas ejecutan, toleran o justifican día tras día, razón por la cual, la pregunta verdaderamente importante no es por qué existen conductas incorrectas, sino por qué hemos dejado de reaccionar frente a ellas.
Jean-Jacques Rousseau explicaba que la vida en comunidad solo es posible cuando los individuos aceptan renunciar voluntariamente a una parte de su libertad para obtener los beneficios de la convivencia organizada; dicho de manera sencilla, nadie puede hacer exactamente lo que desea, cuando lo desea y como lo desea, porque la libertad propia encuentra un límite natural en los derechos y libertades de los demás, de ahí que existan acuerdos, instituciones, mecanismos, normas y reglamentos destinados a proteger la convivencia colectiva; ese acuerdo recibe el nombre de pacto social y constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa cualquier sociedad funcional, pues gracias a él sabemos que existen reglas comunes para todos y que dichas reglas buscan proteger intereses compartidos; sin embargo, algo parece haber cambiado en las últimas décadas, ya que muchos ciudadanos continúan exigiendo los beneficios del pacto social mientras rechazan las obligaciones que lo acompañan, desean seguridad sin respetar normas, exigen orden sin contribuir a él, reclaman honestidad sin practicarla y esperan que los demás actúen con responsabilidad mientras reservan para sí mismos el derecho de hacer excepciones cuando la situación les resulta conveniente.
«Primero renunciamos a una parte de nuestra libertad para construir sociedad. Después renunciamos a nuestra indignación cuando esa sociedad comenzó a deteriorarse.»
Basta observar unos cuantos minutos cualquier espacio público para comprender la dimensión de este fenómeno; el conductor que se pasa el alto porque considera que no viene nadie, el motociclista que utiliza la banqueta como vía alterna de circulación, el peatón que no es capaz de esperar unos segundos para cruzar correctamente una avenida y decide atravesarse sorteando vehículos entre carriles, la persona que arroja basura en la calle esperando que alguien más la recoja, quien ocupa un lugar destinado a personas con discapacidad porque solamente estará ahí un momento, el vecino que se apropia de un espacio público como si fuera una extensión de su propiedad privada, el ciudadano que permite que varios individuos se incorporen indebidamente a una fila porque no quiere discutir, quien incumple un compromiso y considera suficiente justificarlo con una llamada de último minuto, quien escucha música a un volumen excesivo sin importar el descanso de quienes viven a su alrededor o quien invade espacios comunes porque asume que los demás deberán adaptarse a su conducta; cada uno de estos actos parece pequeño cuando se analiza de manera aislada, pero juntos conforman una cultura donde el respeto deja de ser una práctica cotidiana para convertirse en una excepción cada vez más escasa.
Resulta interesante observar que la mayoría de estas conductas no nacen necesariamente de la maldad; pocas personas se levantan por la mañana con la intención deliberada de perjudicar a otros, lo que suele existir detrás de muchas de estas acciones es una mezcla de comodidad, egoísmo práctico, impaciencia y la convicción de que una pequeña falta no provocará consecuencias relevantes; el problema aparece cuando millones de personas llegan simultáneamente a la misma conclusión, porque aquello que parecía una excepción termina multiplicándose hasta convertirse en una norma informal de comportamiento; cuando suficientes conductores deciden ignorar un alto, cuando suficientes peatones consideran opcional respetar un semáforo, cuando suficientes vecinos dejan de preocuparse por el impacto de sus acciones en la comunidad y cuando suficientes ciudadanos concluyen que las reglas pueden incumplirse siempre que exista una justificación personal, el pacto social comienza a erosionarse de forma silenciosa.
Por eso el peatón que cruza indebidamente, el conductor que se pasa el alto, el motociclista que invade la banqueta, el vecino que se apropia de un espacio público o la autoridad que ignora una restricción comparten la misma lógica de fondo: todos están colocando su conveniencia inmediata por encima de un acuerdo colectivo que existe precisamente para hacer posible dicha convivencia; no se trata únicamente de una infracción específica ni de una falta aislada, sino de una forma de entender la vida en comunidad donde el interés personal ocupa siempre el primer lugar y donde las reglas dejan de verse como herramientas de protección mutua para convertirse en obstáculos que deben sortearse siempre que resulte posible; empero, ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente cuando una parte significativa de sus integrantes comienza a pensar de esa manera.
La discusión se vuelve aún más relevante cuando entendemos que las autoridades no constituyen una categoría humana diferente al resto de la población; con frecuencia hablamos de los gobiernos, los funcionarios, los policías o los legisladores como si pertenecieran a una especie separada del conjunto social, cuando en realidad provienen exactamente de los mismos pueblos, las mismas escuelas, las mismas familias y las mismas dinámicas culturales que el resto de los ciudadanos; antes de convertirse en autoridades fueron ciudadanos y continúan siéndolo incluso después de asumir un cargo público, razón por la cual, resulta un error interpretar los problemas institucionales como fenómenos completamente independientes de los problemas sociales; las autoridades suelen amplificar, reflejar o reproducir muchas de las conductas que previamente se encuentran presentes dentro de la comunidad que las rodea.
Eso no significa que debamos eximirlas de responsabilidad; por el contrario, significa que debemos exigirles más, porque mientras cualquier ciudadano tiene la obligación de respetar el pacto social, una autoridad posee una responsabilidad doble: respetarlo y hacerlo respetar; cuando un servidor público incumple una norma que debería defender, cuando un vehículo oficial se estaciona en un lugar prohibido simplemente porque debe descender una persona importante, cuando una patrulla ignora restricciones que sí exige observar a los demás o cuando un funcionario utiliza recursos públicos como si fueran privilegios personales, la falta adquiere una dimensión distinta porque no solamente existe una transgresión individual, sino una contradicción institucional; la autoridad no recibe una excepción al pacto social por representar al Estado, recibe una responsabilidad adicional dentro de él y precisamente por eso resulta especialmente grave cuando actúa como si las reglas fueran obligatorias para todos menos para ella.
Algo parecido ocurre en los espacios legislativos, aunque por razones distintas; no debería indignarnos únicamente el que se insulten desde una tribuna o que protagonicen espectáculos que poco tienen que ver con la función para la cual fueron electos, debería indignarnos mucho más la ausencia de profundidad intelectual en lugares donde el análisis, el pensamiento y el razonamiento deberían ocupar el centro de la discusión pública; un recinto legislativo tendría que ser uno de los espacios donde el debate intelectual alcanzara sus niveles más altos porque en él se analizan los problemas públicos, se crean propuestas normativas, se discuten sus alcances y se modifican cuando resulta necesario perfeccionarlas; cuando el espectáculo desplaza a las ideas, cuando la consigna sustituye al análisis y cuando la confrontación personal reemplaza al razonamiento, la sociedad pierde mucho más que la compostura institucional, pierde una referencia importante de lo que debería representar el ejercicio responsable de la vida pública.
«La crisis no es que cada vez más personas rompan el pacto social; la crisis es que cada vez menos personas parecen indignarse cuando alguien lo hace.»
Esa frase resume el núcleo del problema porque las conductas incorrectas siempre han existido y probablemente siempre existirán; ninguna época histórica ha estado libre de abusos, actos egoístas, errores o incumplimientos de las normas, de modo que la verdadera diferencia entre una comunidad fuerte y una comunidad debilitada no radica en la ausencia o presencia absoluta de esas conductas, sino en la reacción colectiva que generan; una sociedad sana las señala, las cuestiona y busca corregirlas, una sociedad fuerte desarrolla mecanismos para reducirlas y sancionarlas, mientras una sociedad resignada aprende a convivir con ellas hasta considerarlas normales; es precisamente en ese último punto donde parece encontrarse buena parte de nuestra realidad contemporánea.
Primero ocurrió la falta; después se volvió frecuente; más tarde dejamos de señalarla; finalmente dejamos de indignarnos. Esa secuencia explica con enorme precisión la manera en que se deterioran los acuerdos básicos de convivencia, pues el problema rara vez aparece de manera repentina o espectacular; por el contrario, suele avanzar gradualmente hasta que un día descubrimos que aquello que antes habría provocado rechazo colectivo ahora apenas merece un comentario pasajero; observamos al peatón atravesarse entre vehículos y seguimos caminando, vemos al conductor ignorar una señal de tránsito y continuamos nuestro camino, presenciamos actos evidentes de abuso o privilegio y reaccionamos con una mezcla de resignación y apatía, como si el incumplimiento de las reglas fuera una característica inevitable de la condición humana y no una conducta que debería corregirse.
Lo verdaderamente alarmante no es la existencia de conductas indebidas; es que hayamos aprendido a convivir con ellas sin sentir la necesidad de cuestionarlas, porque cuando una comunidad pierde su capacidad de indignación comienza a perder también una parte importante de su capacidad de corrección, ya que la indignación cumple una función social mucho más relevante de lo que solemos reconocer; no se trata de enojo irracional ni de escándalo permanente, sino de una reacción moral que nos permite identificar aquello que vulnera los acuerdos fundamentales de convivencia y nos impulsa a rechazarlo; sin indignación frente a la injusticia, la ilegalidad, la falta de respeto o el abuso, las conductas indebidas encuentran un terreno fértil para expandirse, pues desaparece uno de los principales mecanismos culturales que limitan su crecimiento; empero, una sociedad no necesita perder todas sus leyes para deteriorarse, basta con que deje de sentir la necesidad de defenderlas.
Quizá por eso una de las señales más preocupantes de nuestro tiempo no sea la cantidad de normas que se incumplen, sino la facilidad con la que justificamos esos incumplimientos cuando nos benefician o cuando afectan a alguien más; hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para explicar, racionalizar y tolerar comportamientos que en otros momentos habríamos cuestionado con firmeza, lo cual, genera un círculo vicioso donde cada nueva excepción facilita la aparición de la siguiente y donde cada acto de indiferencia contribuye a normalizar el que vendrá después; de esa manera, el deterioro del pacto social deja de ser un fenómeno abstracto para convertirse en una realidad visible que afecta la calidad de nuestras relaciones, la confianza entre ciudadanos y la fortaleza de nuestras instituciones.
Finalmente, la mayor amenaza para una sociedad no aparece cuando algunos individuos deciden romper las reglas, porque siempre existirán personas dispuestas a hacerlo; la verdadera amenaza surge cuando el resto de la comunidad deja de considerar inaceptable esa conducta y comienza a aceptarla como una parte inevitable de la vida cotidiana, cuando los ciudadanos renuncian a exigir respeto, cuando las autoridades olvidan que poseen una responsabilidad doble frente al pacto social y cuando ambos terminan convenciéndose de que nada puede hacerse porque las cosas siempre han sido así; empero, la resignación jamás ha sido una virtud colectiva, sino el preludio del deterioro de aquello que alguna vez consideramos valioso. Cuando una sociedad deja de indignarse ante la injusticia, la ilegalidad o la mediocridad, no alcanza la madurez; alcanza la resignación. Esa resignación se manifiesta tanto en los grandes asuntos públicos como en los actos más pequeños de la vida cotidiana, desde tolerar la corrupción hasta considerar insoportable esperar cuarenta y cinco segundos frente a un semáforo en rojo. Y pocas cosas resultan más peligrosas para una nación que un ciudadano convencido de que nada puede cambiar porque todo siempre ha sido así. Si hemos renunciado incluso a los acuerdos más elementales de convivencia, ¿cómo esperamos reconstruir los más importantes?
DATO CULTURAL.
Un día como hoy en 1080 en Uji, Japón, comenzará el desarrollo de las llamadas “Guerras Genpei” que confrontó a los clanes Minamoto y Taira, Samuráis y Emperadores respectivamente, donde tras 5 años de luchas, los Minamoto terminaron ocupando el poder con lo que relegaron la figura del Emperador a un plano casi testimonial y con ello, se vivió una nueva época en el imperio del Sol Naciente; en 1868 en Milwaukee, Estados Unidos, el editor de periódico y político Christopher Latham Sholes, acompañado de los inventores Carlos Glidden y Samuel W. Soulé, logran patentar, después de cuatro arduos años de trabajo, la primera máquina de escribir bajo el folio 79.265; adicionalmente, fueron los encargados de la organización del teclado conocido como QWERTY, el cual, es el sistema de distribución estándar para las máquinas de escribir; en 2008 en Washington D.C., Estados Unidos en la sede de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), perteneciente al Banco Mundial, la Mancomunidad de las Bahamas es aceptada como Estado Miembro.
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