Acerca del Fuero Constitucional

Por: Luis Roberto Peralta Hernández

A propósito de la consulta popular celebrada el pasado 1 de agosto y que reavivado las discusiones acerca de la eliminación del fuero constitucional, considero oportuno, estimado lector reflexionar acerca de éste importante tema.

La figura jurídica del fuero surge en derecho anglosajón como una medida que buscaba dotar de autonomía a las actuaciones de los gobernantes frente a la potestad del Rey, evitando quizás alguna acusación facciosa para limitarle la atención a su encargo o bien coaccionarle de manera tácita a seguir determinado rumbo de política pública sin la independencia necesaria para ello.

La palabra fuero dentro del lenguaje jurídico posee distintas acepciones, entre ellas como un conjunto de leyes; al referirnos al ámbito de competencia de determinada autoridad o bien, como un privilegio o protección especial que, en términos de la ley se le otorga a determinados funcionarios públicos, a razón de su empleo o cargo, ésta última acepción ha sido utilizada de manera recurrente tanto por el Presidente de República como por candidatos a ocupar cargos públicos en las pasadas elecciones, y por ende, cierta parte de la población, siendo importante, comprender el alcance de ésta figura jurídica y reflexionar acerca de su oportunidad, ya que quizás, ha sido empleada de manera equívoca. 

Es por ésta última acepción y la importancia que reviste que, estimado lector, se le invita a reflexionar en esta columna.

En primer término, esta protección constitucional no es, bajo ninguna circunstancia un escudo o carta abierta para que, aquellos considerados dentro del supuesto de la norma jurídica, sean considerados como intocables o bien, que las acciones que desarrollan queden impunes o al margen de la ley.

El fuero, como ya ha sido explicado anteriormente es una protección o seguridad jurídica que, en el sentido formal concebido por el constituyente, quizás debería considerarse en beneficio de la población en lugar del servidor público, me explico: Hemos de entender que por ejemplo, en el caso de los legisladores o titulares del Poder Ejecutivo que son electos por votación, la ciudadanía al elegirlos, les otorga la confianza del ejercicio de determinadas funciones que, en términos de la propia ley, son de beneficio colectivo, es decir, nos competen a todos. ¿Qué pasaría si por algún problema de carácter jurídico de índole personal, el Servidor Público desatendiera los asuntos públicos para atender una responsabilidad propia sin que legal y formalmente hubiere quien lo supliera, sería correcto?, o bien que estuviera en funciones mientras se desarrolla una investigación en la que el sería juez y parte o tenga acceso anticipadamente al curso de acción de ésta, limitando quizás la labor de quien la conduce.

Debemos entender que esa “protección especial” de la que gozan los servidores públicos en términos de la ley NO busca, que queden impunes los posibles delitos, que por ejemplo, que pudiese cometer un servidor público, sino que, éstos se persigan una vez que cumpliendo con un procedimiento especial, se esté en aptitud de nombrar a la persona que realizará las funciones públicas a partir de ese momento y hasta en tanto se resuelva lo conducente o bien, dependiendo el caso, responda por las actividades contrarias a la ley realizadas una vez haya concluido con su encargo público, por lo que el fuero está ligado a la función pública no a la persona que lo detenta.

Es por ello que dentro de la propia la Constitución y las leyes reglamentarias se regulan los requisitos y las condiciones, así como los procedimientos específicos para retirarle esa protección especial. 

Como se puede apreciar el fuero, no coloca a quien lo posee en nivel superior o con la etiqueta de intocabilidad, sino más bien, busca preponderar el bien común por encima de una situación particular, siendo también importante reconocer que, han existido ocasiones en las que el titular del fuero ha abusado de ésta importante figura jurídica, siendo ello, no un problema de la ley sino más bien, falta de probidad de la persona que detenta el poder y de los gobernados al sufragar su voto sin analizar a fondo al candidato, su trayectoria personal y profesional, siendo sin duda, momento oportuno para reformar la ley y establecer los candados necesarios para ajustarlo a la realidad actual de la nación mexicana.

Como ha sido descrito, el hecho de que algún personaje de la política mexicana, que haya ejercido empleo, cargo o comisión que por su naturaleza posea fuero, no implica que una vez que hubiere dejado el cargo no debiere responder jurídicamente por cualquier acción, propia o no del desempeño de sus funciones, ante las autoridades correspondientes, con los plazos, condiciones y requisitos que marquen las leyes y asumir las consecuencias por ello.

En atención a lo anterior del mismo modo, las autoridades en el ejercicio de sus funciones, no deben ni deberían escusarse en esa protección momentánea que tienen o tuvieron determinados servidores públicos en términos de la ley, para cumplir con sus funciones relacionadas con la investigación, persecución y en su caso aplicar la ley,  haciendo cumplir con las consecuencias que ella misma establece para cualquier ciudadano sin considerar a que se dedica, cual es su nivel profesional, económico ó de status político.

“Cuando alguien asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”

Thomas Jefferson

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