El aborto y la objeción de conciencia

Por: Luis Roberto Peralta Hernández

Fueron precisamente los días 6 y 7 de septiembre del año 2021, días diferentes para la sociedad mexicana en materia del aborto, a partir del pronunciamiento de nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de Nación, al resolver acerca de una Acción de inconstitucionalidad, promovida por la en ese entonces denominada Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el periódico oficial de esa entidad el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

Para poder entrar en materia y a manera de breve introducción, es menester explicar que: nuestra propia Constitución Federal, establece y reconoce ciertos “candados jurídicos” que permiten su salvaguarda, es decir, dentro de la propia Carta Magna y de las leyes que de ella nacen, reconocen que quizás, podrían existir ciertos actos de las autoridades o circunstancias que pudiera alterar el orden que la ley suprema pretende establecer, sin embargo, crea los mecanismos y dota de potestad a determinados órganos del Estado para combatirlos buscando reestablecer el equilibrio jurídico del país.

La ciencia jurídica denomina a éstos “candados jurídicos” como Medios de Control Constitucional, dentro de los cuales encontraremos, por ejemplo: el Juicio de Amparo, las Controversias Constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, entre otros, los cuales serán motivo de aportación en las siguientes colaboraciones dentro del presente espacio.

Las acciones de inconstitucionalidad, se presentan cuando existe una norma jurídica que es contraria a los principios regulados por la Constitución (del mismo modo que en los Tratados Internacionales), teniendo como principal objetivo, que éstas sean expulsadas de cualquier ordenamiento jurídico, es decir, en términos simples, anularlas y en consecuencia, que no se aplicadas.

Pues bien, el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza promulgado en Octubre de 2017, dentro de su artículo 195 establecía que comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo; el 196 imponía sanción de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella; mientras que el 198 establece las sanciones a que se hicieren acreedores quienes teniendo el conocimiento (médicos, médicas, parteros, enfermeros, entre otros) y ayudasen a quienes se practicaran un aborto.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avocó al conocimiento de la posible controversia y legalidad de la legislación penal del Estado de Coahuila de Zaragoza y su oposición a los Derechos Humanos y libertades individuales de las personas que se practicasen un aborto.

El máximo Tribunal de nuestro país, consideró dentro de su resolución que, el castigar a la persona que se practicara un aborto sería criminalizar una conducta violentado los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres, al garantizar su derecho a decidir sobre su vida sin que exista sobre ellas una sanción penal que las coloque con el estigma de delincuentes, discriminándoles sobre su libertad y sus derechos. La postura de la Suprema Corte fue clara en el sentido de no entrar en la controversia referente a establecer o defender el derecho al aborto, sino preponderar el derecho de decisión las personas que puedan gestar, bajo la premisa de que la maternidad debe nacer por un acto de voluntad, sostienen que criminalizar su práctica no evita que suceda.

Punto trascedente dentro de la discusión jurídica de éste importantísimo tema, fue la postura de la Suprema Corte de Justicia en éste sentido, declara inconstitucional toda norma jurídica que pretenda castigar a quienes decidan interrumpir su embarazo sin las condiciones que la propia ley local establezca, más no se está decretando que, como ocurre en algunas entidades como lo son: la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, se permita la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas sin importar la causa de éste, dos cuestiones diametralmente diferentes.

La sociedad mexicana como en muchas circunstancias actuales, se ha polarizado con respecto a éste delicado tema, no siendo motivo de la presente colaboración el fijar una postura a favor o en contra si no identificar los puntos jurídicos de análisis para lograr ubicar el bien jurídico superior y la aplicación de una norma general a un caso concreto controvertido.

Por otro lado, dentro de la polarización de la sociedad que referimos en el párrafo anterior, encontramos lo que se conoce como objeción de conciencia y sus consecuencias jurídicas.

¿Qué pasaría si una persona que se dedica al ámbito médico y por un lado la aplicación de la ley le indica la práctica de un aborto por razones de índole voluntario pero en el ejercicio de su libertad de conciencia le lleva a tener que incumplir con esa norma jurídica?

La objeción de conciencia consiste en la posibilidad del incumplimiento de una norma jurídica basado en criterio de carácter personal, ético, filosófico o religioso en el que se ubicaría una persona, para el caso que se trata dentro del presente, de carácter médico para no brindar apoyo a la persona que decidiera interrumpir su embarazo.

Regulado por la Ley General de Salud se permitiría esa de objeción de conciencia profesional pero de acuerdo con criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha ley deberá de ser más específica, por lo que este tema de la objeción de conciencia y su discusión con respecto al aborto crea las condiciones para que en un futuro no muy lejano, estemos ante la posibilidad de discutir, jurídicamente en nuestro país, temas como la eutanasia (el bien morir).

Ojalá que la presente colaboración sea de su interés, esperando en próximas colaboraciones abordar de manera concreta la objeción de conciencia y de la eutanasia, pues son temas sumamente importantes para lo que está por venir en dentro de nuestra ciencia jurídica.

“Se habla mucho del Derecho a la vida, pero no de lo importantes que es el deber de vivirla” 

José Luis Sampedro

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