Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Desafortunadamente a lo largo de ésta semana en nuestro país, hemos sido testigos de cómo la delincuencia y múltiples actos de violencia, en algunos casos llamados como de terrorismo, han azotado a muchas ciudades, principalmente del norte de la nación mexicana.
Diversos establecimientos de todo tipo y sobretodo de las llamadas tiendas de conveniencia han sido blanco de estos ataques en lo que, a diferencia de otras ocasiones, las víctimas han llegado a ser parte de la población civil, situación que anteriormente no se había presentado.
Por un lado tenemos muchas personas que a través, preferentemente de las redes sociales, han creado distintas teorías acerca del porqué, del cómo o que hay detrás de estos ataques, han tratado de señalar a quienes consideran responsables de esta desafortunada ola de violencia que pone en jaque no sólo a los gobiernos de esas entidades sino también a la ciudadanía que ve su seguridad gravemente afectada y lógicamente alterando la rutina de su vida cotidiana. Anteriormente, ya desde hace varios años, se había escuchado acerca de distintas ciudades en las que a plena luz del día se realizaban este tipo de actos, pero se trataba de casos aislados o por lo menos distantes entre su presencia sin embargo, lo ocurrido la semana anterior ha llegado a niveles nunca antes vistos en nuestro país.
Como ya se mencionó, el objetivo de la presente colaboración no es hacer eco de las teorías desarrolladas por muchas personas para descubrir el por qué, quién o quiénes resultan beneficiados sobre éstos penosos acontecimientos sino más bien, tratar de entender que es lo que ha hecho el Estado mexicano, que debería de estar haciendo en la materia y tal como se menciona en el título de la presente colaboración, los planes y políticas públicas deben ser cubiertas como una obligación del Estado o bien ser un derecho ciudadano con la implicación jurídica que esto conlleva.
En los albores de la civilización, los primeros grupos gregarios, nacieron de manera innata en el consciente individual y posteriormente colectivo, la defensa de los bienes y derechos de índole personal, más surgieron normas que implicaban delegar esa defensa a otros sujetos más fuertes y quizás más aptos para esta función autorizándoles incluso el uso de la violencia para ello. Más adelante en las sociedades modernas se instituyeron organismos cuya misión es velar precisamente por el bienestar común y la defensa de sus derechos, obviamente regulados formalmente al igual que los procedimientos para su eficacia.
Para poder introducir el presente tema considero necesario identificar éste concepto tan mencionado últimamente en nuestro país, la seguridad pública, a decir del autor Sergio García Ramírez, una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
Como podemos vislumbrar de la definición del maestro García Ramírez, si bien se advierte la necesidad de la participación activa de la sociedad para el cumplimiento de éste objetivo, también lo es el reconocimiento de la búsqueda de la inexistencia de situaciones que alteren la paz y la tranquilidad social. La seguridad pública no puede ni debe ser analizada únicamente como una responsabilidad del estado a través de la implementación de políticas o estrategias aisladas sino también con la articulación de la responsabilidad de la sociedad civil en la que todos tenemos que aportar lo conducente para ello.
Para lograr cumplir con el objetivo de la seguridad pública, el Estado dentro de sus derroteros deberá considerar que deberá coordinar distintas actividades como son: la prevención, persecución, sanción y reinserción de los delincuentes para garantizar la paz social, todo ello dentro del marco legal que cada nación establezca.
En el caso de nuestro país, el artículo 21 de la Constitución Federal establece que: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública.
Como podemos apreciar, la seguridad pública se encuentra localizada dentro de nuestra Constitución Federal precisamente dentro del catálogo de los derechos básicos y fundamentales de los que todos debemos gozar para el desarrollo de nuestra personalidad con dignidad, aunado a ello, de la simple lectura se advierte la obligación de parte del Estado mexicanos en todos sus órdenes de gobiernos y en los distintos ámbitos de su competencia para lograr este difícil objetivo, tarea que sin lugar a dudas al gobierno actual le ha quedado lejano el objetivo que dentro del Plan de Desarrollo se propuso.
Actualmente desde la Presidencia de la República se está buscando la militarización de la función de la seguridad pública, a decir del titular del Ejecutivo no quitando que todos los miembros de estos cuerpos siguen siendo civiles, el tema es por demás delicado y que si me permiten el favor de su lectura, será un tema abordado más adelante dentro del presente espacio.
La seguridad pública es una tarea y un deber prioritario por parte de cualquier estado, sin ésta, la gobernabilidad y la legalidad se ve duramente fragmentada, ya que ésta permite que el individuo pueda desarrollar de manera plena cada una sus actividades cotidianas con el reconocimiento que sus conductas, bienes y derechos personales y familiares se encuentran salvaguardados por las leyes y por las normas necesarias para ello en todo momento y para cualquier fenómeno o circunstancia.
Ojalá que las autoridades en los distintos órdenes de gobiernos que están en funciones y los que vendrán, tengan la oportunidad de tomar las decisiones que sean benéficas para sus ciudadanos, responsables en su actuar y sus declaraciones, no como ha ocurrido en éstas últimas fechas y sean responsables de cumplir, quizás con su principal obligación, así como garantizar uno de los más importantes derechos de los que debe gozar todo individuo que vive en un verdadero ESTADO.
“La seguridad de los pueblos a mi mando, es el más sagrado de mis deberes”
José de San Martín
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