Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Hace algunas semanas compartía en éste mismo espacio, algunas consideraciones relacionadas con la seguridad pública, buscando identificar a ésta como un derecho del que todos debemos gozar, pero que a la vez, constituye una obligación de los Estados por crear las condiciones de estabilidad, gobernabilidad y certeza jurídica para lograr éste objetivo.
Las condiciones actuales en que la vida del hombre se desarrolla en todos los países, ha generado tal como ocurre con el génesis de las leyes que, de acuerdo con las condiciones en que se vive, las autoridades tengan que instrumentar políticas públicas que deberán de estar acompañadas de las debidas estrategias que permiten establecer los derroteros que brinden la seguridad ciudadana.
En los últimos años en nuestro país, entendiendo ello por los últimos sexenios, las políticas de los gobiernos federales en turno han sido encaminadas principalmente al combate de la delincuencia organizada, destinando gran parte de sus recursos económicos y políticos con que se cuentan, siendo en muchas ocasiones, todos esfuerzos rebasados por la realidad imperante.
La legislación entiende a la delincuencia organizada como el conjunto de tres o más personas que se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos especificados en ella misma como son: terrorismo, falsificación de monedas, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, derechos de autor, tráfico y acopio de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de personas, secuestro, defraudación, fiscal entre otros.
Las políticas públicas en materia de seguridad han sido abordadas a lo largo de la historia de diferentes forma, por ejemplo, dentro del sexenio del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue muy frontal con respecto a la que el mismo denominó “guerra contra el narcotráfico”, para lograrlo, utilizó a las fuerzas armadas de nuestro país como parte de su estrategia para lograr la seguridad pública, dicha estrategia trajo tanto resultado positivos, como por el contrario, aquellos que el propio Presidente llamó “daños colaterales” cuando parte de la sociedad civil sufrió decesos al estar inmersos en esos enfrentamientos, muchas personas, entre ellas el hasta entonces eterno candidato opositor Andrés Manuel López Obrador criticaron duramente la estrategia implementada por el Gobierno Federal.
Más adelante, en el gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, si bien, se modificó la forma de encarar ésta difícil problemática, se creó la Gendarmería Nacional. Con el surgimiento de esta dependencia mediante decreto el 22 de agosto de 2014, se consideró crear una especie de policía militarizada puesto que en su mayoría estaba integrada por militares que pretendía además, contar con mayor proximidad entre las instituciones de la materia y la sociedad civil.
Durante su última campaña como candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció en repetidas ocasiones como ya ha quedado manifestado dentro de la presente colaboración, del uso de las fuerzas militares en apoyo para la seguridad pública, una vez entrando al ejercicio del poder, su estrategia frente a la delincuencia fue duramente criticado al señalar que para abatirla eran mejor “los abrazos que los balazos”.
Aunado a lo anterior, hemos sido testigos cómo por un lado, la estrategia de seguridad ha sido claramente fallida por parte de las autoridades federales y por el otro cómo al ejército se le han asignado tareas ya no sólo en materia de seguridad sino que también en lo relacionado con la construcción de obras públicas y explotación de recursos naturales. La militarización de un país, no solo se advierte a partir de temas de seguridad, sino su inclusión en varias esferas, situación en la que al respecto se han pronunciado diversos especialistas en materia de derechos humanos y que, si se me permite será abordado en próximas colaboraciones.
Es importante mencionar que las funciones de las fuerzas militares en su esencia y por ende la formación de su personal, van encaminadas a la seguridad exterior de un país, es por ello, que hay quienes advierten que constituye un riesgo constante para la tutela y ejercicio de los derechos humanos dentro de las sociedades donde la interacción entre la población civil con las fuerzas militares es continua, sobretodo cuando éstos últimos realizan funciones distintas a su origen y máxime en materia de seguridad pública.
Como podemos advertir de la presente lectura, la militarización del país continúa. El objetivo de la presente colaboración comenzar a reflexionar que si bien, uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país es la delincuencia, la tareas que han sido asignadas al Ejército y la Marina son cada vez más amplios y que si bien, se reconocen como instituciones de probada disciplina, honor y sobretodo amplio amor por la patria, pueden poner en riesgo lo que por años han ganado como parte del reconocimiento de la sociedad en general por asumir roles que no les corresponden.
A nivel mundial existen claros ejemplos a lo largo de la historia que nos indican que cuando se entrelaza el poder con las fuerzas militares los resultados no siempre son favorables. Las instituciones policiales cuentan con preparación académica, científica, filosófica y ética que permiten garantizar como su nombre lo indica pugnar por la seguridad pública. Las instituciones militares buscan contar con elementos que permitan garantizar la soberanía, la independencia y salvaguardar la seguridad social. Hay quienes sostienen que la intervención de los ejércitos en materia de seguridad pública se presenta cuando los Estados quieren demostrar que no han sido rebasados por la delincuencia, ¿será acaso el ejemplo de nuestro país en los últimos tiempos?.
“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla”
Enrique Tierno Galván
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