Por: Luis Roberto Peralta Hernández
En estos días, ha estado circulando en redes sociales y en diversos programas de análisis y noticias, la propuesta que será discutida en próximos días en la máxima tribuna legislativa de nuestra nación relativa, a lo que desde ya se conoce, como reforma electoral.
Este interesante tema ya ha sido abordado dentro de este espacio de colaboración semanal anteriormente, sin embargo, si me hacen el favor de su lectura, será desmenuzado en las próximas colaboraciones ya que por un lado, se modificará en gran medida la forma en la que se ha conformado la joven democracia mexicana y las instituciones que a lo largo de estos tiempos han consolidado instituciones, pero que también es como todo, susceptible de mejorarse.
Como siempre, el deseo de su servidor es que usted estimado lector, conozca un poco más acerca de temas de interés relacionados con el ámbito jurídico que nos permita interpretar las señales, conocer los cómos y porqués de nuestro sistema y que, estemos en la posibilidad de adoptar una postura frente a una situación que nos afectará a todos comprendiendo los alcances de los mismos a partir del conocimiento de los elementos que lo conforman.
Dentro del tema en comento, mucho se ha movido en redes sociales la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma que se plantea por parte del Ejecutivo Federal, propone sobre este particular, el sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Pero para poder conocer el alcance que se propone otorgar a éste nuevo instituto, considero necesario conocer qué es el INE para poder estar en aptitud de comprender la viabilidad y la necesidad de modificación.
A lo largo de la historia del México post revolucionario, la forma en cómo los ciudadanos han accedido al ejercicio del poder, ha variado de manera significativa. El camino en la búsqueda de la democracia ha estado marcado entre otros factores por la organización de procesos electorales en muchas ocasiones turbios y con reglas poco claras que, al igual que la mayoría de las democracias jóvenes como la de nuestro país y de la mayoría de los países latinoamericanos, dependen del gobierno en turno.
Como recordamos posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1917, se gestaron las primeras asociaciones de carácter político que constituyen de manera propia los partidos que estarían buscando, de acuerdo con los postulados, proponer la mejor forma en cómo se pudiera gobernar. Fue así el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo la oportunidad de ejercer el poder presidencial por casi 80 años (72 continuos y 6 posteriores).
Uno de los episodios que sirvieron como parte aguas para la visión de la necesidad de un organismo independiente y autónomo en México fue la elección del 6 de Julio de 1988, para ese entonces, la elecciones para titular del Ejecutivo corrían a cargo de la Secretaría de Gobernación, es decir, por una dependencia propia del gobierno en turno que tenía dentro de sus atribuciones el organizar, contar, declarar al ganador y otorgar la constancia respectiva a quien hubiere obtenido la mayor cantidad de votos. En dichas elecciones el candidato opositor por el Frente Democrático Nacional (FDN) Cuauhtémoc Cárdenas se encontraba a la cabeza en los cómputos, de manera bastante irregular, se «cayó el sistema” en palabras del actual Presidente de la CFE, en ese entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Los resultados se deberían de dar a conocer a las 19:00 de ese mismo día, sin embargo, los cómputos finales se dieron a conocer una semana después, después de alegar una “falla técnica” en el sistema de contabilización de votos y declarando como ganador a Carlos Salinas de Gortari.
En consecuencia, en 1990 se promulgó el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) en el cual, se ordenaba la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) dotando de las funciones necesarias que de manera autónoma e imparcial organizara las elecciones federales con transparencia y legalidad siendo el 18 de agosto de 1991 cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones para legisladores federales organizadas por el instituto.
Ya para 1993, mediante la reforma al COFIPE, el Poder Legislativo Federal otorgó al instituto entre otras atribuciones: Expedir constancias de mayoría para los ganadores de los comicios electorales, establecer los topes en gastos de campaña, declarar la validez de las elecciones para de Diputados y Senadores de la República.
En 1996 mediante reforma constitucional, se declara la autonomía del IFE ya que se excluye cualquier tipo de participación de miembros del Poder Ejecutivo Federal dentro del ejercicio de sus atribuciones y de manera interna se establece la figura del Presidente del Consejo General (Consejero Presidente), 10 Consejeros Electorales, todos ellos propuestos por los Diputados así como de una Secretaría Ejecutiva.
En 1997 el IFE organiza las primeras elecciones en la que la ciudadanía del entonces Distrito Federal votó por el Jefe de Gobierno resultando ganador el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) siendo entonces Presidente de la República el priísta Ernesto Zedillo Ponce de León.
En el año 2000, el propio Zedillo invistió al panista Vicente Fox Quesada como titular del Ejecutivo Federal para el periodo 2000-2006. En el siguiente sexenio repitió el Partido Acción Nacional con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa quien a su vez entregó y devolvió el ejercicio del poder al priísta Enrique Peña Nieto quien ejerció de 2012 a 2018, más adelante comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador del partido MORENA quien culminará su mandato en 2024. En el inter, en 2014 se modificó la denominación y organización de las autoridades electorales convirtiendo al IFE en INE (Instituto Nacional Electoral).
El artículo 41 Fracción V apartado A de la Constitución Federal sostiene que:
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Así mismo el apartado B del mismo artículo y fracción señala que:
Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.
b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
2. La preparación de la jornada electoral;
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
7. Las demás que determine la ley.
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación.
Como podemos apreciar el antes IFE y ahora INE ha sido testigo y partícipe de la consolidación de la democracia en nuestro país, logrando crear las condiciones que han permitido la alternancia política y un clima electoral ajeno a la injerencia del gobierno en turno.
En la próxima colaboración abordaré, si me acompaña con su lectura, algunas de las propuestas que por parte del Ejecutivo Federal han sido enviadas a las Cámaras para su discusión y en su caso aprobación que modificará de manera trascendente la forma de conducir la vida democrática de la nación mexicana.
“El mundo debe ser un lugar seguro para la democracia. Su paz debe ser plantada sobre los cimientos probados de la libertad política”
Woodrow Wilson
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