Parte I
Por: Luis Roberto Peralta Hernández
En la colaboración anterior, tuve la oportunidad de compartir con ustedes amables lectores, algunas consideraciones que estimo necesarias para comprender la forma en cómo, en términos de nuestra Constitución, se encuentra regulada la figura que hasta la fecha, cumple con la responsabilidad de lo relacionados con temas electorales.
Cada vez que un gobierno, sobretodo en el ámbito federal, entra al ejercicio de sus funciones busca el crear las condiciones que permitan el desarrollo en cada una de las aristas a partir de la visión que se tenga, no ha habido un sexenio, por lo menos en los últimos 20 o quizás 30 años, que no haya propuesto una reforma en materia electoral. Como se ha mencionado dentro de éste mismo espacio, nuestro país ha ido consolidando su joven democracia en pasos cortos pero trascendentes, susceptible de mejora sin lugar a dudas.
La propuesta emergida en estos momentos de la Presidencia de la República seguramente bajo la constante narrativa de la búsqueda de la “austeridad” y ahora el “abaratamiento de la democracia” es drástica, transformadora pero no necesariamente oportuna en los términos que se pretende, siendo el propio Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien ha mencionado en múltiples ocasiones que en la actualidad, no existe un contexto real de urgencia que justifique la necesidad de realizar un cambio tan radical dentro del sistema electoral mexicano, pero no quiero adelantarme a predisponerle, tratemos de ver la esencia de ella:
a) Reducción del número de legisladores:
En la actualidad la Constitución Federal contempla la composición del Congreso de la Unión por 500 Diputados y 128 Senadores, la propuesta implica disminuirla a 300 Diputados y 96 Senadores.
En el caso de los Gobiernos estatales el rango de Legisladores Locales será de entre 15 y 45 dependiendo de las condiciones demográficas de cada entidad.
La legislación vigente contempla dentro de los sistemas de integración de los cuerpos legislativos tanto en el orden federal como en el estatal, la posibilidad de acceder al ejercicio de la función a través de la mayoría relativa y representación proporcional reconociendo los principios que la ciencia política denomina de sub representación y sobre representación, situaciones que ya han sido abordadas dentro del presente espacio en anteriores colaboraciones.
En esencia supone y crea una reducción en los costos y gastos que con motivo del ejercicio de las funciones de legisladores se erogan cada periodo. La mayoría relativa, tal como lo sostiene el propio Presidente de la República, es utilizado en la mayoría de los casos, como un medio a través del cual las cúpulas de los partidos políticos proponen a candidatos que muy seguramente acceden al ejercicio de la función sin tener que realizar campaña o bien, sin que la población tenga o no la posibilidad de votar por ellos, ya que conforman un listado en que los mismo personajes que conocemos desde tiempo atrás, han fungido en diversos cargos públicos y que quizás, la gente no votaría directamente por ellos.
Sin embargo dentro de la propuesta electoral del titular del Ejecutivo Federal, se busca crear un listado por Estado (32 listados) que será votado en bloque por cada uno de nosotros. Algunos especialistas sostienen que en realidad no se están eliminando a los plurinominales (representación proporcional) si en qué, realidad están pasando de 200 a 300 y que se están eliminando a los de mayoría relativa puesto que no estaría eligiendo a una persona sino al partido en su conjunto en que, igual como ocurre en el sistema actual, el partido político propondría a quienes consideren oportuno dentro de un listado en que el voto obtenido para uno es en beneficio del partido en conjunto, en donde además, colocaría en desventaja a los partidos pequeños o de nueva creación.
b) Eliminación del financiamiento público a partidos políticos de manera ordinaria quedando únicamente a lo propio para las campañas electorales:
Sin lugar a dudas, uno de los temas que más se abordan por parte de la ciudadanía en cada periodo electoral sea de carácter federal, estatal o municipal, es la excesiva cantidad de dinero que por parte del erario público es destinado para los partidos políticos que, en la mayoría de las ocasiones se desvía para fines particulares o no es utilizado para los efectos que la campaña persigue.
Derivado de las dinámicas sociales en las que desafortunadamente se desarrolla actualmente en nuestro país, vemos como cada vez más el crimen organizado tiene injerencia en las campañas políticas, permea e interactúa de manera recurrente con los candidatos, crea vínculos, conexiones y compromisos con los candidatos; dentro de la reforma no se contempla una verdadera fiscalización de los recursos que un partido político habrá de poseer para el desarrollo de sus actividades, si bien, no es obligación de los mexicanos sostener económicamente a los partidos políticos, también lo es que las aportaciones “voluntarias de los militantes” han sido sobre todo a últimas fechas tema opacidad y que se han considerado como necesarias para la subsistencia del movimiento por parte no solo de los militantes sino que se dice que también por parte de los trabajadores de los gobiernos de los partidos en el poder.
Considero oportuno que más allá de eliminar los recursos a los partidos, situación en la que por supuesto coincido, es necesario una verdadera investigación acerca del origen y destino de los recursos con que se cuenta en cada partido político.
c) La elección de Consejeros Electorales y Magistrados Electorales por medio del voto popular el primer domingo del mes de agosto:
De acuerdo con la legislación vigente, los Consejeros Electorales cumplen con su función por un periodo de 9 años, la forma en cómo son designados es a través de una convocatoria pública realizada por la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes.
La propuesta contempla la necesidad de que el Estado organice un proceso electoral más con todo lo que implica: actos propios de la organización de manera previa a la jornada, el día de la elección, cómputo y demás actos posteriores a la elección. Considerando que desafortunadamente nuestra nación no cuenta con altos índices de participación ciudadana ni para la integración de las mesas de casilla y la participación dentro de las votaciones y consultas, es decir el abstencionismo que se encuentra siempre presente dentro de nuestros procesos democráticos, que tan redituable será el costo – beneficio de esta nueva forma de participación ciudadana.
Por ahora, me ha quedado corto una vez más, el espacio dentro de la presente colaboración, esperando contar con su valiosa lectura para dar continuidad a este tema de actual relevancia para nuestra sociedad.
“Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería.”
Otto von Bismarck
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Apertura Intelectual. 
Aunque muchas cosas no las entiendo, es necesario enterarse de todo lo que sucede en nuestro país. Gracias por toda esta información
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