El acuerdo Presidencial del 22 de noviembre de 2021

Del Interés Público y la Seguridad Nacional a la opacidad

Por: Luis Roberto Peralta Hernández

En éstos días, causó gran revuelo, como consecuencia de la trascendencia e impacto dentro del sistema jurídico mexicano, una disposición surgida por parte del Poder Ejecutivo Federal y publicado el día 22 de noviembre del presente año en Diario Oficial de la Federación con relación a las obras y proyectos del Gobierno de México.

En la anterior colaboración dentro del presente espacio, su servidor compartía con ustedes estimados lectores, algunas precisiones con respecto a la división de las funciones del poder estatal y qué, a propósito del presente tema, nos sirve como referencia y conocimiento previo para poder desmenuzar, si se me permite la expresión, los alcances del acuerdo emitido por la autoridad federal.

Como mencionábamos con antelación, las principales formas en como se ejerce el poder público dentro de una república, democrática, representativa y federal, como es el caso de nuestra nación, será mediante el ejercicio de los tres poderes preponderantes que son: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con atribuciones específicas determinadas en la propia Constitución Federal.

Pues como es bien sabido, corresponde al Legislativo, a grandes rasgos la creación de la ley, así como la determinación del destino y fiscalización de los recursos públicos, al Judicial la aplicación de la ley y la administración de justicia, mientras que al Ejecutivo le corresponderá la administración de los recursos y la transformación de ellos en la prestación de los servicios públicos así como la promulgación y ejecución de las leyes, entre muchas otras, pero entonces y tratando de explicar el tema motivo de la presente colaboración: ¿Qué es un acuerdo?

En sentido estricto el acuerdo en materia administrativa, podemos definirlo como el acto por medio del cual, el titular de un órgano estatal (para el presente caso el Presidente de la República) en el ejercicio de sus funciones aborda un determinado asunto de su competencia y cuya resolución hace del conocimiento del inferior, girándole órdenes e instrucciones para la oportuna conducción de las actividades y auxiliarle en el despacho y ejecución de sus actividades.

La atribución para la emisión de acuerdos concedida en favor del titular del Ejecutivo Federal se encuentra consagrada en el artículo 89 Fracción I, el cual sostiene que el Presidente tiene la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, ello sin dejar de lado la obligación que tiene toda autoridad (independientemente de su competencia) de fundar y motivar cualquier acto que pretenda trastocar los derechos de los gobernados.

Pues bien, el acuerdo en comento del 22 de Noviembre del presente año y que consta de TRES artículo lleva por título: Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

Como detallaba en párrafos anteriores, el decreto en comento carece, en su escueto texto de la debida motivación y fundamentación que se le exige a cualquier acto que pretenda afectar la esfera jurídica de los gobernados, aunado a lo anterior, es volver a las prácticas que en sexenios anteriores eran una constante y que tanto daño le causaron a nuestro país, siendo una de las fórmulas que permitieron al actual gobierno cimentar su camino hacia la Presidencia, y comparto:

“Explicado” por el Presidente de la República en su conferencia matutina, el presente acuerdo tiene por objeto el poder agilizar los trámites, que en ocasiones resultan, reitero a decir de él, obstáculos para el desarrollo de las obras insignes de su gobierno, sin embargo, no podemos dejar pasar desapercibido que si bien, todos hemos sido perjudicados, en más de una ocasión por trámites burocráticos, también lo es que, no podemos comparar las acciones particulares con las del gobierno, ya que éste último gestiona recursos públicos y cuyas acciones deben de cubrir requisitos específicos plasmados en la ley por cuestiones de equidad y transparencia; por el otro lado, dentro de la Constitución y las leyes secundarias se instrumentan determinados candados jurídicos, facultando a los otros poderes e instituciones públicas para que le sean supervisadas dichas acciones, tratando de garantizar ese sistema de pesos y contrapesos que fueron comentados en la colaboración anterior.

En dicho acuerdo, se instruye (obliga) a las autoridades administrativas a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados en un plazo no mayor a 5 días hábiles; si no se emite la autorización en ese tiempo se habrá de considerar en sentido positivo, es decir, que no se puede decir que no.

Amén de lo anterior, resulta por demás preocupante es que, dentro del texto del acuerdo en comento, se hace referencia a conceptos tales como: interés público y seguridad nacional, siendo éste último el que mayor impacto jurídico tiene.

En nuestro país contamos con una legislación denominada “Ley de Seguridad Nacional” promulgada el 31 de Enero de 2005 con ultima reforma en 2021 que en su artículo 3 establece que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Dentro de las cuales es sumamente cuestionable considerar a las obras públicas actuales del gobierno como parte de éste concepto.

Por otra parte, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información se considera que cualquier acción del gobierno catalogada bajo el rubro de Seguridad Nacional será reservada y no tendría el gobierno, por ese mismo hecho, la obligación de hacer del dominio público la información que posea al respecto de ella, por tanto, toda obra presente o futura de la actual administración cae en dicho esquema de protección, limitando que cualquier persona o autoridad, pueda conocer por ejemplo: costos, operaciones, licitaciones, destino u origen de recursos, entre otros ámbitos vastísimos, verbigracia, dentro del acuerdo en comento se menciona a la Secretaría de Turismo, ¿qué obra competencia de ésta Secretaría podría ser considerada de acuerdo con lo anteriormente descrito como de Seguridad Nacional?

¿Cuál o cuáles serán los mecanismos jurídicos de que gozaremos todos los gobernados para poder hacer frente a una hipotética violación de derechos humanos por la premura de la autoridad por responder rápidamente a los caprichos de nuestros gobernantes?

¿Cómo podrán los titulares de los poderes legislativo y judicial ejercer de manera formal la responsabilidad encomendada por la Constitución para la fiscalización y supervisión del apego a la ley de las actividades de los miembros de la Administración Pública Federal?

Distintas fracciones tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados ya están realizando acciones tendientes a combatir jurídicamente éste acuerdo, entre otros motivos, como ya fue descrito anteriormente, ya el titular del Ejecutivo no fundamenta ni motiva el porqué habrían de considerarse las obras de éste gobierno como de seguridad nacional.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció también que ya prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por éste mismo acuerdo que obstaculiza el ejercicio del Derecho Humano consagrada en el artículo 6 de nuestra ley fundamental.

Con respecto a éste tema, considero que lo más interesante está por venir, siendo seguramente una vez más, motivo de buscar la polarización de la sociedad por parte del Presidente bajo el ya gastado argumento de que quienes no estamos de acuerdo con su forma de actuar estamos contra el país, nada más equivocado.

“Un Gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste”

Kofi Annan

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