11 DE OCTUBRE DE 2022

21 años WTC, 8 años Ayotzinapa; ¿Crímenes de estado?

POR: VÍCTOR MANUEL REYES FERRIZ

En las últimas semanas del mes de agosto de este año, el Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez presentó el “Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa” en virtud de ser él mismo quien preside dicha comisión; este informe, el cual contiene 8 anexos, consta de más de mil quinientas hojas en las que pretende justificar el trabajo encomendado desde el pasado 3 de diciembre de 2018 cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de creación de esta comisión, en un acto de gobierno que podríamos decir que fue el primero de su administración donde hasta el día de hoy ha intentado revocar la mal llamada “Verdad Histórica” que intituló Murillo Karam cuando dió carpetazo a la investigación y que ahora por primera ocasión se informa a los padres de los 43 desaparecidos que podrían no estar con vida.

No pretendo ahondar en el tema ya que después de 8 años de este tan desafortunado evento en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 han existido grandes discrepancias, desencuentros, obstáculos y encubrimientos para realizar una investigación que no concluye en algo certero y que pueda proporcionarle la justicia que los padres de estos jóvenes buscan; empero, quiero enfocarme en el término utilizado como conclusión del informe para este acontecimiento, el de “Crimen de Estado”, el cual, en primera instancia suena bastante fuerte y cuyo significado no se encuentra contemplado dentro de la legislación mexicana, como tampoco existe concepto o descripción reconocida o emitida por la Corte Penal Internacional o mucho menos contemplada en el orden jurídico internacional, lo que existe que si se apega a lo sucedido es la desaparición forzada y la tortura; situaciones que se presentaron por lo cual cabría la expresión de una responsabilidad agravada por parte del Estado, pero como tal un crimen no lo es.

Para poder ubicarnos un poco en este tenor, podríamos retroceder el tiempo y situarnos en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 cuando se presentaron los actos de violencia contra las manifestaciones estudiantiles, que irónicamente los contingentes que se movilizaban en el caso Ayotzinapa se dirigían precisamente a la marcha para la conmemoración de dicha fecha y cuyo desarrollo todos conocemos; empero, en aquel movimiento no solo estudiantil, existen las pruebas contundentes y podríamos decir, suficientes para poder culpar a las propias autoridades gubernamentales de aquel entonces por lo hechos suscitados y tal vez, solo tal vez, se pudo haber consignado a los responsables bajo delitos como crimen de lesa humanidad tal y como lo ha expresado nuestro máximo organismo en la protección de los derechos humanos, la CNDH, o bien, por genocidio, lesiones graves, violación a la libertad de expresión y la lista podría seguir, pero no existe la tipificación penal del delito de Crimen de Estado a pesar de existir fuentes fehacientes que corroboran la participación activa de personajes del gobierno en turno para la realización de tan atroz situación.

Ahora bien, en este mismo contexto podríamos clasificar lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 pero en los Estados Unidos, donde de todos es conocido que dos aeronaves se impactaron tanto en la torre norte como sur del complejo de edificios que conformaban el World Trade Center, una más que impactó contra la cara oeste del edificio del Pentágono y un cuarto que se dice y afirma que los pasajeros pudieron detener y estrellarlo en campo abierto en Pensilvania, dando como resultado lo que conocemos como los atentados del 11S o 9/11.

Los gobiernos de ambos países actuaron de la misma manera, crearon su comisión para investigar los hechos, determinar que pasó “exactamente” y darle a los ciudadanos la información “confiable” para poder tranquilizarlos e intentar resarcir el daño con las familias afectadas; situación que en ninguno de los dos casos es veraz ya sea por que existen intereses superiores que orillan al gobierno a atacar su propio territorio o porque en el otro lado del río, las autoridades no tienen la capacidad, conocimientos y preparación para realizar una investigación en los primeros días, mucho menos con 8 años de diferencia; sin embargo, en lo que ambas desgracias coinciden es que encubrieron actos de los propios gobiernos.

En cuanto al tema del 11S, me parece bastante más grave por supuesto, pero no por el hecho del número de afectados, sino porque han existido investigaciones internacionales que les pueden confirmar a los norteamericanos que el papá gobierno en el que tanto confían es el primero en abandonarlos cuando una crisis financiera o económica comienza al grado de crear un pánico que permanece 21 años después y que nada les garantiza pueda volver a ocurrir; empero, si existe una diferencia sustancial en cuanto a la reacción de la población porque comenzaron a surgir diferentes movimientos para analizar, contrastar y demostrar y comprobar el error de las investigaciones realizadas por parte de las autoridades al grado de orillarlos a tener que actuar, por supuesto jamás será reconocido públicamente pero si a intentar restaurar en primer término, su credibilidad y en un segundo momento iniciar una indemnización a los deudos de quienes fallecieron en aquel momento. Claro está que ninguna vida puede compararse con un valor monetario, no existe una manera de compensar la ausencia y mucho menos que quien en alguna otra ocasión pretenda planear una situación similar pueda detenerse a pensar en lo que monetariamente vaya a costar.

Uno de estos movimientos que ha rendido grandes frutos en demostrar que no fue un acto terrorista externo, es la organización “Architects & Engineers for 9/11 Truth” (AE911Truth) quienes son un grupo de especialistas no solo en arquitectura e ingeniería, sino dentro de sus miembros existen reconocidos físicos, químicos, desarrolladores de software de modelos digitales, expertos en explosivos, reacciones químicas, fundición, ingenieros especialistas en protección y prevención de incendios, psicólogos en fin, es un grupo multidisciplinario que proveen una mirada desde sus respectivas áreas de conocimiento para demostrar que la investigación realizada por la “National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States” se encuentran bastante alejadas tanto de lo que describen de como sucedieron los hechos y sobre todo de la verdad; asimismo, han dedicado sus esfuerzos de desmentir lo reportado por el “National Institute of Standars and Technology” (NIST) en cuanto a la manera en que se originó el desplome de los edificios ya que, esta dependencia gubernamental concluyó que fueron las altas temperaturas las que originaron un reblandecimiento de las estructura y las investigaciones de AE911Truth demuestran que fue provocada por explosivos controlados.

Lo que sucedió a partir del 9-11 no solo afectó a los Estados Unidos sino que tuvo repercusiones en todo el mundo, cambió la forma en que las personas pueden disfrutar de sus libertades dentro y fuera del territorio norteamericano incluyendo la pérdida de libertades gracias a la emisión de la “USA Patriot Act” para proveer al gobierno de las herramientas necesarias para detener a quien supongan obstaculiza la justicia por actos de terrorismo, la  “Military Commissions Act”, que permite al gobierno actuar en términos de guerra contra cualquier “intruso” de quien se tenga sospecha, la creación del “Department of Homeland Security” que permite realizar investigación abierta contra cualquier persona no solo dentro sino fuera de las fronteras norteamericanas bajo la sospecha de contribuir a la realización de actos terroristas que incluye la agencia “Transportation Security Administration” que autoriza a los cuerpos policiacos a detener a cualquier sospechoso en los diferentes medios de transporte y sus instalaciones, entre muchas otras disposiciones jurídicas, lo que significa que todo ciudadano estadounidense quedó en estado de indefensión ya que podrá estar sujeto en todo momento a ser registrado en su domicilio, en la calle o en cualquier lugar sin necesidad de una orden judicial y por supuesto procesado bajo el supuesto de estar involucrado con actos terroristas y sin necesidad del propio gobierno de comprobar su dicho.

Como podemos ver de estos dos casos que aparentemente no tienen relación, lo que si debemos situar bajo la óptima perspectiva son los alcances y con ello notaremos las verdaderas repercusiones de un “Crimen de Estado”, dicho esto, es importante no seguir con la corriente de lo que el gobierno mexicano quiere que digamos, no con ello estoy diciendo que no hubo participación de las autoridades, no soy agencia de investigación para negar o afirmar; pero la terminología jurídica si debe prevalecer.

Si desean conocer las conclusiones a las que ha llegado este grupo de expertos que conforman AE911Truth, pueden hacerlo consultando el link https://www.ae911truth.org/ y les recomiendo el documental “9/11: Evidencia explosiva – Hablan los expertos” que pueden encontrar en la plataforma de Prime Video.

DATO CULTURAL.

Un día como hoy en 1823, en Perote, México, se funda por decreto del entonces Ministro de Guerra y Marina, el General José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, el Colegio Militar, que se conformó gracias al traslado a esta ciudad de la Academia Militar instalada en el edificio que ocupaba el Tribunal de la Santa Inquisición en la Ciudad de México; en 1990 en Estocolmo, Suecia, el gran diplomático, ensayista, literato y poeta mexicano Octavio Irineo Paz Lozano, recibe el “Premio Nobel de Literatura” por su “escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensual y la integridad humanista”; en 1995, en Estocolmo, Suecia, el activista, catedrático, científico e ingeniero químico mexicano José Mario Molina Pasquel y Henríquez, recibe el “Premio Nobel de Química” por  “su trabajo en química atmosférica, particularmente en lo que respecta a la formación y descomposición del ozono”; en 2008, en Washington D.C., Estados Unidos, en la sede de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), perteneciente al Banco Mundial, la República de Estonia es aceptada como Estado Miembro.

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