Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Ya en alguna colaboración anterior compartí con ustedes, estimados lectores el tema de la migración. En aquel lejano mes de enero de 2022 se daba un esbozo, por parte de su servidor, acerca de las generalidades que giran en torno al tema de la migración en el mundo. Se plasmaba lo descrito por las leyes mexicanas ante este fenómeno que, si bien es una realidad en el contexto internacional, continúa con el registro de ser el corredor México – Estado Unidos el más transitado y por ende punto toral dentro de las políticas de ambos países.
En parte de la colaboración en comento se hacía referencia a los derechos consagrados tanto en la Constitución como en las leyes secundarias de la materia, sin embargo, derivado de los penosos incidentes ocurridos en un Centro de Detención en Ciudad Juárez en que murieron 39 personas en el lugar de los hechos, de entre 18 y 51 años de edad, resultaron 29 personas con quemaduras y lesiones de distintas gravedades, al día de hoy, 16 en estado crítico, deja al descubierto que la tarea de nuestro país en materia de derecho migratorio y derechos fundamentales de los migrantes, más allá de lo descrito en la ley, una vez más ha quedado sumamente corta.
Según datos de la ONG “Sin Fronteras” la capacidad del Centro de Detención es de 60 personas; el día de los trágicos acontecimientos se encontraban en el interior 68 migrantes con las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos, así como uno más que aún no ha sido identificado.
La política migratoria del gobierno actual ha sido duramente criticada a lo largo del sexenio ya que a decir de los especialistas de la materia, ante la posibilidad de sufrir algunas consecuencias como el posible incremento de los aranceles a los productos mexicanos que entren al territorio estadounidense, el titular del Ejecutivo se comprometió a detener el flujo migratorio de personas que buscan entrar al territorio de nuestro país vecino del norte. Sin embargo, para lograr tal objetivo, es necesario que el Gobierno Mexicano asuma los compromisos internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos y además lo descrito por las leyes de la materia.
Dentro del marco jurídico mexicano encontramos, además de lo descrito por la Constitución Federal, la Ley de Migración la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de mayo de 2011. En ella se establece que la política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y en las leyes de la materia así como el establecimiento de diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Así mismo, esta ley sostiene que los principios sobre los que se sustenta la política migratoria de nuestro país son: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes; considerar que en ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada; congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior; enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras; responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio; hospitalidad y solidaridad internacional; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, preservar la unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país; facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias; anteponer el Interés superior de la niña, niño o adolescente y la perspectiva de género.
De lo anteriormente expuesto, surge el cuestionamiento acerca de si es verdad que las autoridades de nuestro han realizado las acciones necesarias para cumplir con estos principios.
De ellos, el que llama la atención de manera sobresaliente y máxime, a partir de la situación ocurrida en días recientes, es lo relacionado con el respeto derechos humanos de los migrantes así como el que no se habrá de considerar en ningún caso una situación migratoria irregular como un delito, me explico:
En primer término, se tendría que analizar si existió o no la solicitud de apoyo por parte de las autoridades migratorias para que la policía municipal realizara esa actividad, en segunda “las detenciones” serían irregulares, en virtud de que, a decir de los sobrevivientes, en algunos casos se retuvieron a personas cuya permanencia en el país era legal. Aunado a lo anterior las condiciones en que fueron resguardados no eran acorde con las obligaciones y responsabilidades que el gobierno ha adquirido en lo contemplado por los tratados internacionales en que es parte.
De acuerdo con diversas versiones que giran en torno a este delicado tema, fueron las autoridades municipales de Ciudad Juárez quienes desde días pasados habían estado manifestando al respecto de las situaciones de conflictos sociales que estaba generando la gran cantidad de migrantes que transitaban por las calles, en muchos casos de manera irregular a la espera de poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Ante ello, se dice que se comenzaron a realizar acciones por parte de las autoridades, siendo muchos migrantes “detenidos” afuera de hospitales, alrededor de lugares donde les ofrecen de manera gratuita comida, tiendas, entre otros lugares en que se llevaron a cabo las redadas.
Evidenciando su desconocimiento sobre el tema el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señalo en su conferencia matutina que había existido un incidente en un “albergue” cuando de los videos difundidos se parecía claramente la existencia de celdas, limitadas con puertas que tienen barrotes, cerradas con candados, los cuales no fueron abiertos por el personal responsable de la seguridad de las personas ingresadas. Situación que por su puesto limitaba su movilidad dentro del área por lo que se asemeja mayormente como su nombre lo indica a un centro de detención y no a la concepción errónea del titular de Ejecutivo Federal, quien además delegó cualquier responsabilidad a los migrantes al haber iniciado el fuego que se les salió de control.
Las condiciones en que se encontraban las personas ingresadas, eran realmente precarias y alejadas totalmente del respeto a la dignidad humana que se exige en materia Derechos Humanos. No contaban con agua potable para beber, no se aprecia la existencia de rutas de evacuación, salidas de emergencia, personal calificado en materia de protección civil, extintores y lo más triste, queda evidencia de la vileza del ser humano, actuar con indiferencia mientras otros seres humanos perdían uno de los principales bienes jurídicos tutelados por las leyes que es la vida.
Independientemente a ello, queda una vez más evidenciado que los protocolos que se siguen mientras las personas se encuentran detenidas o retenidas, no son de la manera en que debería de observarse por parte de las autoridades.
El Presidente de la República, los titulares de la Secretaría de Gobernación (quien en términos de la ley de la materia es el responsable de la política migratoria del Instituto Nacional de Migración), así como el Secretario de Relaciones Exteriores parecen estar más preocupados por la sucesión presidencial de 2024 que por dar la cara a la responsabilidad que el Gobierno Mexicano debe asumir en el ámbito internacional y con los gobiernos de los países de origen de los fallecidos de los que aún se debaten entre la vida y la muerte por esta negligencia e incapacidad para tratar un problema sumamente complejo.
Es por ello, que espero que a través de la presente colaboración podamos entender la gravedad del asunto y sobre todo que el gobierno mexicano asuma los compromisos internacionales que ha contraído en la materia y además vele por la correcta aplicación de la ley.
“Me llaman inmigrante para insultarme, como si querer sobrevivir fuera un insulto.”
Autoría Anónimo
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