Segunda parte
Por: Luis Roberto Peralta Hernández
Desde el momento que comencé con la elaboración de la colaboración anterior, en algún momento dentro de mi iluso pensamiento transcurrió la idea de que, tal como ha ocurrido a lo largo del presente sexenio, la situación no podría convertirse en más complicada o bien, que se había dicho todo lo posible con respecto a este tema, sin embargo, desde la tribuna matutina en que se manifiesta todos los días el titular del Ejecutivo Federal surge y brotan cada más signos inequívocos de la necedad y la necesidad del análisis que se ha realizado anteriormente y que con la presente continúa.
En estos días, el Presidente de la República ha enfocado una vez más sus baterías a denostar la actividad concerniente a la función judicial en ella, ha descrito a partir de su visión, que las autoridades judiciales sirven para mantener “los privilegios de ciertas clases”, lo necesario de reconocer y que debería de ser la punta de lanza de cualquier debate al respecto es que, la esencia de la concepción de un régimen democrático y representativo advierte que a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo cuya esencia es política, mientras que el poder judicial es jurídica.
La función judicial debe velar por el apego a las leyes, la justicia y la constitucionalidad del Estado Mexicano, no corresponde a este poder autónomo el analizar si al país le conviene o no la aplicación de determinada ley, si es en favor de unos o de otros, ya que esto formaría parte de la discusión sobre su autorización o no, además de la facultad de veto que en términos de nuestra ley suprema le asiste al Ejecutivo. Del mismo modo que velar por que se haya cumplido con los requisitos establecidos del mismo modo en nuestro texto supremo para que forme parte de sistema jurídico nacional.
Ante la determinación de parte del máximo tribunal del país de que el “llamado plan B” de la reforma electoral el Presidente utilizó una vez más su tribuna para indicar que buscaría un denominado «plan C», para el cual convoca o buscaba incentivar a sus seguidores para que en las próximas elecciones se obtuvieran los escaños necesarios para lograr una mayoría calificada que les permitiera garantizar, tal como ocurrió en la “Sesión del Senado” del 28 de abril que fue mencionada en la colaboración anterior y se aprobarán en “fast track” las reformas que él considere necesarias para el cumplimiento de su objetivo de la llamada 4ta transformación de México. A pesar de mencionar en múltiples ocasiones que no son los mismo de antes, la propuesta del Ejecutivo Federal es utilizar la aplanadora legislativa que minimice la participación activa de la oposición que aparentemente tiene más de 6 años dormida o noqueada, con lo que una vez más estaríamos dejando a un costado el principio de la democracia participativa como ocurrió por décadas con durante el siglo pasado colocando al poder legislativo como parte de un mero trámite para el cumplimiento de las voluntades presidenciales.
Del mismo modo, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López publicó en su cuenta de twitter un mensaje en el que mencionaba que “…la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares…” cuando en realidad, de acuerdo con lo reconocido por el propio máximo tribunal del país, durante la discusión y aprobación de las reformas por parte del legislativo, se dejaron de seguir los procedimientos que para tal efecto se establecen desde la misma Constitución. Es decir que, en sentido estricto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunció sobre el contenido de las modificaciones propuestas sino de los procedimientos y la manera en que éstos fueron llevados.
De manera recurrente ha mencionado que el poder judicial está podrido y que a decir de él, no cumple con sus funciones como lo debiera hacer, incluso dentro de su mañanera se burló de la Ministra Norma Piña de quien públicamente ha manifestado su animadversión ya que ella recibirá un premio internacional por la defensa de los Derechos Humanos aduciendo que esos no valen y los venden en Santo Domingo en la CDMX demeritando no sólo a la Ministra Presidenta, sino a la tutela de los Derechos Humanos y el organismo emisor del reconocimiento.
Mi pregunta es ¿De verdad es tan complicado entender el funcionamiento de la teoría de la división del ejercicio del poder?
Bien reza el sabio dicho popular: Cada cabeza es un mundo, pero considero que en la actualidad el servilismo no cabe dentro de las democracias modernas y por supuesto que no es para nada sano dentro de un estado sustentado en un sistema jurídico.
Como ya lo he manifestado en ocasiones anteriores, cada vez que el ejercicio del poder ejecutivo recae en una persona diferente aún y cuando surgiera de un mismo partido político las ideas con las que arriba para cumplir con su misión lo han de llevar a realizar la reforma administrativa que le permite sustentar su idea de nación, crear y suprimir aquellos órganos del estado que de él dependan para lograrlo. La historia nos ha indicado que desafortunadamente nuestro país no ha logrado la estabilidad necesaria para afianzar muchas instituciones, del mismo modo, la perfección dista mucho de la actividad humana por lo que las modificaciones son oportunas y hasta necesarias, cada uno de los órganos que conforman la maquinaria estatal deberán estar sujetas de manera constantes a evaluación de resultados y análisis de la relación entre el costo y el beneficio para la sociedad, pero sobretodo con conocimiento de causa.
Uno de los puntos álgidos que han sido tocados por las autoridades federales es el organismo autónomo denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), siendo estas sus dos principales funciones. la tutela de estos derechos fundamentales que son el acceso a la información pública en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad que sea solicitada por un particular y rindan cuentas de ello, así como el manejo que se da a los datos que como ciudadanos debemos entregar para la realización de ciertos trámites.
Pues bien, el INAI está conformado en su órgano de gobierno por 7 comisionados, los cuales son nombrados por la Cámara de Senadores, a propuesta de los grupos parlamentarios y con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, quienes nombrarán al Comisionado que deba cubrir la vacante. El nombramiento puede ser objetado por el Presidente de la República en cuyo caso se realizará el procedimiento una vez más. Los comisionados durarán en su encargo 7 años sin posibilidad de reelección. Para que las sesiones del Pleno del Instituto sean válida se requiere cuando menos la presencia de 5 miembros.
Para el caso actual del Instituto, desde el 31 de marzo del presente año, han quedado vacantes tres puestos de comisionado. El periodo de sesiones del poder legislativo en término de la Constitución Federal ya concluyó sin que se haya logrado el consenso con lo que logrará la mayoría para el nombramiento y por ende el instituto no ha podido continuar con sus funciones de manera normal.
Hay quienes indican que el inicio del conflicto se presentó cuando por parte de un particular solicitó se hiciera público el título de la licenciatura del titular del Ejecutivo, la máxima casa de estudios del país la UNAM, había declarado a éste documento como archivo confidencial, posteriormente el particular quien había solicitado el acceso a la información del título promovió un recurso de revisión ante el INAI quien resolvió que por la relevancia del cargo y en atención a la relevancia del caso, además de ser de interés público, ordenó viera la luz en una versión reservando algunos datos que se siguieron considerando como reservados.
Como podemos apreciar la polarización de la sociedad y de los poderes nacionales sigue en constante pugna. División que para nada favorece no a los intereses de unos y otros sino de todos los mexicanos que día a día trabajamos para mejorar las condiciones de vida y de gobernabilidad de todos.
“Di la verdad. La transparencia genera legitimidad.”
John C. Maxwell
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