Por: Juan José Alva Sánchez
La semana pasada planteamos una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién representa a quienes todavía no han nacido?
La pregunta surge porque muchas de las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias durante décadas. El agua que extraemos, los bosques que conservamos o destruimos, las ciudades que construimos y la infraestructura que dejamos serán parte del mundo que recibirán las siguientes generaciones.
También vimos que esta preocupación comienza a traducirse en instituciones. Gales cuenta con un Comisionado para las Generaciones Futuras que puede revisar la actuación de organismos públicos y emitir recomendaciones; mientras que Naciones Unidas aprobó en 2024 una Declaración sobre las Generaciones Futuras que llama a incorporar sus intereses en las decisiones del presente.
La pregunta ahora es otra: ¿podríamos hacer algo parecido en el Estado de México?
Creo que sí.
Podríamos comenzar a discutir la creación de una figura que, provisionalmente, podemos llamar Defensor de las Futuras Generaciones del Estado de México.
Su tarea principal sería muy sencilla de explicar: vigilar que las decisiones que resolvemos hoy no generen problemas mucho mayores mañana.
No se trataría de crear otra autoridad encargada de sancionar delitos o faltas ambientales. Para ello ya existen instituciones como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, que recibe e investiga denuncias y vigila el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Tampoco tendría que sustituir a los consejos, instituciones ambientales o dependencias que actualmente existen.
Su función sería diferente.
El Defensor tendría que mirar hacia adelante.
Imaginemos, por ejemplo, una gran obra pública, un nuevo desarrollo urbano o una política relacionada con el agua. Normalmente analizamos cuánto costará, cuánto tiempo tardará en construirse y cuántas personas beneficiará en los próximos años.
El Defensor introduciría otra pregunta:
¿Qué consecuencias tendrá esta decisión dentro de veinte o treinta años?
En materia de agua podría preguntarse si una decisión incrementará la presión sobre un acuífero. Frente al crecimiento urbano, si estamos construyendo ciudades que podrán seguir funcionando cuando tengan cientos de miles de habitantes adicionales. Frente a una obra pública, si aumenta o disminuye la vulnerabilidad ante inundaciones, sequías o temperaturas extremas.
No tendría necesariamente la facultad de detener estas decisiones. Su poder estaría en otra parte: estudiarlas, advertir riesgos y hacerlos públicos.
Así funciona, con diferencias importantes, la experiencia de Gales. Su Comisionado puede revisar cómo los organismos públicos están protegiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y formular recomendaciones. No es una autoridad sancionadora ni puede simplemente anular una decisión gubernamental.
Ese principio podría adaptarse a nuestra realidad.
Una de las herramientas más interesantes sería crear una Evaluación de Impacto Intergeneracional para determinados proyectos o políticas públicas estratégicas.
No tendría que convertirse en otro procedimiento burocrático interminable. Podría comenzar como un análisis sencillo que obligara a responder algunas preguntas básicas: ¿qué efectos ambientales producirá esta decisión a largo plazo?, ¿qué recursos naturales compromete?, ¿qué riesgos estamos trasladando hacia el futuro?, ¿existen alternativas menos costosas para las siguientes generaciones?
El objetivo no sería impedir que el gobierno actúe.
Sería conseguir que también piense en el mañana cuando decide sobre el presente.
Otra función podría ser elaborar periódicamente un Informe sobre las Futuras Generaciones del Estado de México.
Ahí podrían observarse indicadores muy concretos: disponibilidad de agua, pérdida y recuperación de bosques, calidad del aire, crecimiento urbano, generación de residuos, áreas verdes, biodiversidad y vulnerabilidad frente al cambio climático.
La experiencia internacional muestra que este tipo de informes puede convertirse en una herramienta para evaluar avances y advertir problemas de largo plazo. En Gales, por ejemplo, el Comisionado debe publicar periódicamente una evaluación general sobre el progreso realizado y recomendaciones para mejorar.
Además, no necesariamente tendríamos que comenzar creando una gran institución, con oficinas, estructura administrativa y un presupuesto considerable.
La figura podría desarrollarse gradualmente.
Podría comenzar con un pequeño equipo técnico, acompañado por universidades, especialistas, organizaciones ambientales y jóvenes. Después, conforme se evalúen sus resultados, podría discutirse la conveniencia de darle mayor independencia y atribuciones.
Lo importante no es crear un cargo.
Lo importante es incorporar el largo plazo a nuestras decisiones públicas.
De hecho, nuestra legislación ambiental ya reconoce de distintas maneras la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. El propio Código para la Biodiversidad del Estado de México regula la protección ambiental y el desarrollo sostenible, mientras que en México distintas normas han incorporado desde hace años referencias a la responsabilidad de preservar los recursos pensando también en quienes vendrán después.
Lo que falta es convertir ese principio en una pregunta permanente dentro del gobierno:
¿qué Estado de México estamos dejando a quienes vivirán aquí dentro de treinta o cincuenta años?
Probablemente nosotros no veremos todas las consecuencias de las decisiones públicas que hoy se están tomando.
Otros sí.
Y precisamente porque esas personas todavía no pueden votar, protestar, presentar una denuncia o acudir ante el Congreso, quizá sea momento de pensar en una institución que pueda hacer algo elemental en su nombre: darle voz al futuro.
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