(Parte 1)
Por: Juan José Alva Sánchez
Los gobiernos toman decisiones para el presente, pero muchas de sus consecuencias pertenecen al futuro. Una carretera, una presa, un desarrollo urbano, la explotación de una fuente de agua o la eliminación de un bosque pueden transformar un territorio durante décadas. Lo paradójico es que muchas de las personas que vivirán sus consecuencias todavía no han nacido y, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de participar en esas decisiones.
Pensemos, por ejemplo, en el agua. Una decisión tomada hoy sobre la explotación de un acuífero puede resolver una necesidad inmediata, pero también comprometer el abastecimiento de una ciudad dentro de treinta años. Algo similar sucede con la expansión urbana, la contaminación, la pérdida de bosques o el cambio climático. Las decisiones del presente pueden convertirse en problemas que heredarán nuestros hijos y nuestros nietos.
De ahí surge una pregunta sencilla: ¿quién representa los intereses de las generaciones futuras?
La pregunta no es nueva. Desde hace algunos años distintos países y organismos internacionales han comenzado a explorar mecanismos para incorporar el largo plazo en las decisiones de gobierno.
Uno de los casos más interesantes se encuentra en Gales. En 2015 aprobó la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, que obliga a distintas instituciones públicas a considerar las consecuencias de largo plazo de sus decisiones. La legislación parte de un principio sencillo: atender las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas.
Pero Gales fue más allá de establecer este principio en una ley. Creó también la figura del Comisionado para las Generaciones Futuras, una institución independiente cuya tarea es defender los intereses de las personas que todavía no han nacido y promover que las autoridades consideren el largo plazo. Entre otras funciones, el Comisionado puede dar seguimiento y evaluar la manera en que las instituciones públicas cumplen sus objetivos de bienestar.
La idea resulta particularmente interesante porque cambia la forma tradicional de entender la planeación gubernamental. No se trata solamente de preguntarnos qué resultados tendrá una política el próximo año, sino qué consecuencias puede producir dentro de veinte, treinta o cincuenta años.
Hungría creó en 2008 un Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras, conocido internacionalmente como el ombudsman de las generaciones futuras.. Aunque su diseño institucional ha cambiado con el tiempo, la idea que le dio origen resulta relevante: incorporar dentro del Estado una voz encargada de defender intereses ambientales y naturales que trascienden a una sola generación.
El tema incluso ha llegado a la agenda mundial. En septiembre de 2024, los países integrantes de las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre las Generaciones Futuras, como parte del llamado Pacto para el Futuro. El documento reconoce algo elemental pero frecuentemente olvidado: las generaciones futuras heredarán el planeta y las consecuencias de las decisiones que tomemos actualmente.
Detrás de estas experiencias existe una discusión mucho más profunda.
Nuestra democracia está diseñada principalmente para representar a quienes vivimos hoy. Los ciudadanos votamos, exigimos resultados y podemos cambiar a nuestros gobernantes. Los gobiernos, por su parte, trabajan con presupuestos anuales, programas de gobierno y periodos administrativos relativamente cortos.
El problema es que el calendario político y el calendario ambiental rara vez coinciden.
Un bosque puede necesitar décadas para recuperarse. Los efectos de la contaminación de un río pueden permanecer durante generaciones. El crecimiento desordenado de una ciudad puede condicionar su movilidad durante cincuenta años. La sobreexplotación del agua que hoy parece manejable puede convertirse en una crisis para quienes vivirán en ese mismo territorio dentro de algunas décadas.
Existe, por tanto, un problema de representación: quienes tomarán las decisiones ya están aquí; quienes enfrentarán algunas de sus consecuencias todavía no.
Esto no significa que debamos dejar de resolver las necesidades actuales pensando exclusivamente en el futuro. Sería imposible y tampoco sería justo. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio: solucionar los problemas de nuestra generación sin crear problemas todavía mayores para la siguiente.
Por eso las experiencias internacionales sobre generaciones futuras merecen atención. No buscan adivinar cómo será el mundo dentro de cincuenta años. Buscan algo mucho más sencillo: obligarnos a pensar un poco más allá del presente antes de tomar decisiones que pueden ser irreversibles.
En México contamos con instituciones para defender derechos humanos, proteger a niñas y niños, vigilar el medio ambiente, garantizar la transparencia o representar diferentes intereses sociales. Sin embargo, la discusión sobre cómo incorporar formalmente los intereses de las generaciones futuras en las decisiones públicas todavía tiene un amplio camino por recorrer.
Quizá valga la pena comenzar esa conversación desde los estados.
El Estado de México, por su población, crecimiento urbano, presión sobre el agua, movilidad y riqueza ambiental, ofrece un escenario particularmente interesante para hacerlo.
La pregunta con la que iniciamos permanece abierta: ¿quién representa a quienes todavía no han nacido?
Tal vez ha llegado el momento de imaginar una institución capaz de hacerlo.
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