Alimentos, Patria Potestad, Guarda y Custodia

Por: Luis Roberto Peralta Hernández

Como había comentado en las colaboraciones anteriores y tratando de dar continuidad a los temas que han sido abordados dentro de ellas, han quedado fuera conceptos que si bien no siempre se presentan dentro del matrimonio y el divorcio, si son parte esencial ya que en la mayoría de los casos surgen como consecuencia de ellos.

Dentro de la praxis profesional, cuando alguna persona se acerca a un abogado para poder disolver el vínculo matrimonial o bien decide separarse de una persona con quien estableció vínculos afectivos, es un común denominador el cuestionar acerca tanto de la posibilidad de exigir (o que les sea exigida una pensión) o bien que pasará con los derechos que se tuvieren con respecto a los hijos.

Para poder entrar al análisis formal de la presente colaboración considero necesario el poder distinguir, las siguientes figuras jurídicas.

En primer término, es necesario reconocer que para que se tenga derecho a exigir jurídicamente alimentos basta con el reconocimiento de la filiación, es decir, que quien considere tener derecho a solicitarlos, tiene la facultad de hacerlo en términos de la existencia de un vínculo jurídico, esto es, en la mayoría de los casos a través del reconocimiento de la relación fraternal por vía de un acta de nacimiento.

A decir de nuestra legislación, tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia o se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud.

Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

Como podemos apreciar, al hablar de alimentos desde el punto de vista legal, no sólo comprende a la comida per se, sino que jurídicamente va más allá, considerando también algunas necesidades que se tienen por parte de quien deba recibirlos para poder tener acceso al desarrollo de un vida plena y acorde a la dignidad del ser humano.

Para el caso del Estado de México, el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no será inferior al cuarenta por ciento del sueldo, sin embargo, la autoridad judicial deberá considerar, además, las posibilidades que tenga quien deba dar la pensión y las necesidades de quien deba cubrirlas además de los haberes que se tuvieran.

Algunas entidades han considerado además, en concordancia con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el contemplar en sus cuerpos normativos el concepto de la Pensión Compensatoria, que se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, que pueden constituirse por las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, con igual tiempo, disposición y dedicación que el otro cónyuge; así como los perjuicios derivados del llamado Costo de Oportunidad, que consiste en las posibles limitaciones o impedimentos de formación o capacitación y superación profesional o técnica; así como la posibilidad de contar con los derechos sociales que en consecuencia de lo anterior pudieren haber sido adquiridos.

Del mismo modo, es común que, sea el tema de la guarda y custodia de los hijos, el qué por desconocimiento, sea motivo de presión o amenaza por alguno de los padres y que, los lleva a tomar decisiones desacertadas y acuerdos particulares sin fundamentos o por temor, ya que se suele confundir con la patria potestad.

Las principales diferencias entre patria potestad y guarda custodia radica en que la primera se puede continuar ejerciendo por ambos padres, independientemente de con quién vivan los hijos, pues constituyen un cúmulo de derechos y obligaciones que cada uno de los padres tiene con respecto a ellos; mientras que la segunda, se refiere a determinar en cuál de ellos recaerá la responsabilidad del cuidado de los hijos, es decir, en términos generales con quién vivirán.

Independientemente de lo descrito en el párrafo que antecede, la guarda y custodia no implica qué el otro padre no pueda o no deba tener contacto con los hijos, sino que se establecerán lo que se conoce como régimen de convivencia que incluye los días en que se visitarán, periodos vacacionales, fechas importantes (día, de la madre, del padre, día del niño, cumpleaños, navidades, fines año, etc.).

Anteriormente, la guarda y custodia de manera casi automática cuando se presentaba un juicio de ésta naturaleza recaía en la madre del menor, sin embargo, con las modificaciones que ha sufrido la ley y buscando la equidad y la igualdad de género, además de buscar garantizar el interés superior de la niñez, actualmente, cualquiera de los padres puede ejercer la guarda y custodia de ellos en igualdad de circunstancias en atención a quien cuenta con las condiciones propicias su desarrollo integral.

Nuestra legislación en el Estado de México señala que, las causas bajo las cuales se puede perder la patria potestad serían si se presenta alguno de los siguientes supuestos jurídicos y solamente mediante una resolución judicial: Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; por las costumbres depravadas de los que ejercen la patria potestad, malos tratos, castigo corporal, castigo humillante, cualquier tipo o forma de violencia, incluida la violencia; cuando obligaren a los menores de edad a realizar la mendicidad, trabajo forzado o cualquier otra forma de explotación; cuando el que la ejerza sea condenado a la pérdida de ese derecho; o bien, por incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar, cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes.

Desafortunadamente, del mismo modo ha surgido y se ha considerado en la ley lo que se conoce como Alineación Parental, figura jurídica que, puede incidir dentro de un juicio de guarda y custodia, y que también ya ha sido considerado como delito dentro de las legislaciones de algunas entidades de nuestra nación, ésta puede definirse como el conjunto de signos que de manera gradual surgen como consecuencia de la actividad de un padre que a través de distintas estrategias como son palabras, dichos o tramas, pretende guiar la conciencia e intenciones de sus hijos, tratando de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Lo cual, tiene como consecuencia incluso generar el odio y por ende limitar la convivencia entre ellos.

La parte importante que no debemos dejar desapercibido nunca, quienes hemos tenido la dicha de ser padres es que, los problemas de los adultos o de las parejas no tiene porqué limitar el ejercicio de los derechos con respecto a los menores; las obligaciones, el cariño y amor por nuestros hijos deberá ser preponderante para garantizar su sano desarrollo.

“No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre”

Sigmund Freud

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