Cambio climático: cuando la ciudadanía también decide el futuro

Por: Juan José Alva Sánchez

Hay calor amarillo y calor verde. El de ahora es calor rojo”.

José Emilio Pacheco

La crisis climática suele narrarse desde las grandes cumbres internacionales, los acuerdos entre países y los programas de gobierno. Todo eso importa. Pero si algo enseña la historia ambiental reciente es que las metas públicas solo se vuelven realidad cuando aterrizan en decisiones concretas: cómo nos movemos, qué consumimos, qué exigimos, qué dejamos de normalizar y qué tipo de información aceptamos como verdadera.

Hace unos días, el Gobierno federal adoptó el Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030, una hoja de ruta que busca convertir compromisos climáticos en metas, acciones, presupuesto e indicadores verificables en los próximos años. La decisión es relevante porque traduce la discusión internacional a instrumentos de planeación pública: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, coordinación institucional y evaluación anual. En otras palabras, intenta pasar del discurso a la administración de resultados.

El problema es que la crisis climática no se resuelve únicamente desde la planeación gubernamental. Los gobiernos pueden regular, invertir, coordinar y sancionar; pueden construir transporte público, modificar incentivos, ordenar territorios y proteger ecosistemas. Pero también pueden retrasar decisiones, negar la evidencia o subordinar la política ambiental a cálculos electorales y económicos de corto plazo. En los últimos años hemos visto cómo incluso gobiernos con enorme peso internacional han cuestionado o debilitado compromisos climáticos, incluida la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esa fragilidad política deja una lección incómoda: la defensa del planeta no puede depender por completo de la voluntad de un gobierno en turno.

Esto no significa trasladar toda la responsabilidad a las personas, como si bastara con cambiar focos, separar basura o llevar una bolsa reutilizable. Sería injusto y, además, insuficiente. Las grandes fuentes de emisiones están asociadas a sistemas energéticos, modelos de producción, transporte, industria, agricultura, cadenas de suministro y patrones urbanos que ningún individuo puede transformar por sí solo. Sin embargo, también sería un error pensar que las decisiones individuales son irrelevantes. En sociedades masivas, lo cotidiano se vuelve estructural: millones de elecciones pequeñas producen mercados, presiones públicas, cambios culturales y nuevas exigencias políticas.

Más información no siempre significa más conciencia

Hoy sabemos más sobre cambio climático que hace treinta años. La ciencia ha documentado el aumento de la temperatura global, el calentamiento de los océanos, la pérdida de hielo, la intensificación de algunos eventos extremos y los riesgos para la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua. La Organización Meteorológica Mundial ha señalado que el periodo 2015-2025 concentra los once años más cálidos desde que existen registros instrumentales. La información existe; el reto es convertirla en criterio de acción.

Ahí aparece una paradoja de nuestra época: tenemos más datos, pero no necesariamente más disposición a modificar hábitos. La información climática convive con la desinformación, el cansancio social, la indiferencia y el greenwashing. Muchas marcas, instituciones y personas adoptan gestos verdes visibles, pero evitan cambios de fondo. El ejemplo de los popotes lo ilustra bien: la imagen de una tortuga lastimada por un popote generó una reacción social potente y ayudó a reducir un objeto innecesario de plástico de un solo uso. Fue un avance cultural. Pero si la bebida siguió entregándose en vaso desechable, con tapa plástica y cadena de consumo intacta, el cambio quedó a medio camino.

La lección no es despreciar las acciones pequeñas. La lección es ordenarlas. Una decisión cotidiana tiene mayor valor cuando forma parte de una comprensión más amplia: reducir residuos, consumir menos, reparar antes de reemplazar, elegir transporte público o compartido cuando sea posible, moderar el consumo energético, cuidar el agua, disminuir el desperdicio de alimentos y votar o exigir políticas públicas coherentes. El ciudadano informado no solo cambia una práctica; cambia la pregunta que se hace antes de decidir.

La ciudadanía como fuerza climática

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha subrayado que las estrategias del lado de la demanda pueden reducir de forma significativa las emisiones globales hacia 2050, sobre todo si se combinan cambios tecnológicos, infraestructura adecuada y modificaciones socioculturales. Este punto es crucial: no se trata de romantizar el sacrificio individual, sino de reconocer que los estilos de vida también son parte del sistema climático.

Pensemos en la movilidad. Una persona puede querer usar menos el automóvil, pero necesita transporte público seguro, frecuente y digno. Puede querer instalar paneles solares, pero requiere financiamiento, reglas claras y condiciones económicas realistas. Puede querer consumir productos con menor huella ambiental, pero necesita información confiable, precios accesibles y alternativas disponibles. Por eso la acción ciudadana y la acción gubernamental no deben verse como polos opuestos. Se necesitan mutuamente.

La ciudadanía informada cumple al menos tres funciones. Primero, modifica patrones de consumo y reduce la demanda de prácticas ambientalmente dañinas. Segundo, presiona a empresas e instituciones para elevar sus estándares. Tercero, castiga políticamente la negación de la crisis climática. Cuando una sociedad entiende que el clima no es un asunto lejano sino una condición de vida, la política ambiental deja de ser un tema secundario y se vuelve una exigencia democrática.

La capa de ozono: una historia que sí salió bien

El mejor ejemplo de que la humanidad puede corregir una trayectoria ambiental peligrosa es la recuperación de la capa de ozono. En la década de 1970, los científicos Mario Molina y F. Sherwood Rowland advirtieron que los clorofluorocarbonos, conocidos como CFC, podían destruir ozono en la estratósfera. La advertencia fue incómoda porque esos compuestos estaban presentes en aerosoles, refrigerantes y otros productos de uso extendido. La ciencia abrió el debate; la política tuvo que reaccionar.

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987 y en vigor desde 1989, estableció controles internacionales para eliminar gradualmente sustancias que agotaban la capa de ozono. No fue un gesto simbólico: fue una regulación global con metas, calendarios, sustitución tecnológica, seguimiento científico y cumplimiento progresivo. De acuerdo con Naciones Unidas, se ha eliminado cerca del 99 por ciento de las sustancias prohibidas que dañaban el ozono, y la capa de ozono se encuentra en ruta de recuperación durante las próximas décadas.

Pero la historia no se explica solo por tratados. También importó que millones de consumidores aceptaran cambiar productos, que la industria encontrara sustitutos, que los medios difundieran el problema y que la sociedad entendiera que una decisión aparentemente cotidiana, como usar cierto aerosol o refrigerante, estaba conectada con un daño planetario. La capa de ozono demuestra que cuando la ciencia es tomada en serio, la política regula y la ciudadanía acompaña, los sistemas sí pueden cambiar.

Del gesto verde a la decisión informada

El cambio climático es más complejo que el agujero de ozono. No depende de una sola familia de sustancias, sino de la forma en que producimos energía, organizamos ciudades, transportamos mercancías, construimos vivienda, consumimos alimentos y medimos el desarrollo. Por eso no habrá una solución única ni inmediata. Pero la lógica del Protocolo de Montreal deja una orientación útil: la ciencia debe marcar el diagnóstico, los gobiernos deben crear condiciones y la ciudadanía debe convertir la conciencia en comportamiento colectivo.

Para que eso ocurra, necesitamos pasar del gesto verde a la decisión informada. Separar residuos ayuda, pero ayuda más cuando se acompaña de menor consumo y mejores sistemas de recolección. Comprar un producto “ecológico” puede ser positivo, pero solo si no encubre sobreconsumo. Usar menos el automóvil es deseable, pero exige transporte público, ciclovías, calles seguras y planeación urbana. La responsabilidad individual no debe ser una coartada para que gobiernos y empresas evadan su papel; debe ser la base social que vuelve exigibles las transformaciones mayores.

También necesitamos comunicar mejor. El cambio climático no puede presentarse únicamente como una catástrofe abstracta o como una lista de prohibiciones. Debe explicarse desde la vida diaria: el calor que modifica rutinas, las lluvias atípicas que desbordan calles, la sequía que presiona el abasto de agua, los alimentos que suben de precio, las enfermedades asociadas a mala calidad del aire y la pérdida de áreas verdes que hace más hostiles nuestras ciudades. Cuando el problema se entiende en el cuerpo y en el territorio, deja de ser una noticia lejana.

Conclusión: decidir también es gobernar

Cada año se anuncian nuevas metas nacionales e internacionales contra el cambio climático. Son necesarias, pero no suficientes. Las metas son mapas; la transformación ocurre en las rutas concretas que recorren gobiernos, empresas, comunidades y personas. Si una parte falla, el avance se vuelve frágil. Si todas se articulan, la acción climática deja de ser un ideal y se vuelve una práctica social.

La crisis climática nos obliga a mirar la política de otra manera. No basta con esperar que los gobiernos resuelvan todo, sobre todo cuando algunos niegan, no conocen o minimizan el problema. Pero tampoco basta con pedirle heroicidad al ciudadano aislado. Lo que se necesita es una ciudadanía informada, capaz de tomar mejores decisiones, exigir mejores políticas y distinguir entre compromiso real y simulación verde.

La historia de la capa de ozono muestra que la humanidad puede corregir el rumbo cuando ciencia, gobierno, industria y sociedad se mueven en la misma dirección. Esa es quizá la enseñanza más esperanzadora para nuestro tiempo: las decisiones individuales no salvan al planeta por separado, pero cuando se vuelven cultura, mercado, presión pública y política democrática, pueden cambiarlo todo.

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