Por: Juan José Alva Sánchez
En enero de 2017, un perro callejero llamado Cholito se convirtió en símbolo de una discusión que Chile ya no pudo seguir evitando. Vivía en el barrio Patronato, en la capital e ese país, como viven miles de perros en muchas ciudades latinoamericanas: entre comercios, banquetas, vecinos que a veces alimentan y personas que pasan sin mirar demasiado. No pertenecía claramente a nadie, pero formaba parte del paisaje cotidiano de todos.
En enero de 2017, una comerciante habría pagado a dos personas para sacar a Cholito y a otro perro, Rocky, del lugar donde dormían. Cholito fue golpeado durante varios minutos. Algunas versiones señalan que lo golpearon hasta matarlo; otras, que quedó gravemente herido o inconsciente y luego fue retirado del sitio, sin que se volviera a saber de él. En términos públicos, el caso quedó instalado como la muerte de Cholito por maltrato. Su cuerpo nunca fue recuperado pues “no tenía un dueño”; era -como miles de perros en México- un “perro de nadie”.
Su muerte, generó indignación nacional. Las imágenes y testimonios circularon en medios y redes sociales, y miles de personas exigieron sanciones. Pero la discusión fue más allá del castigo a los agresores. El caso obligó a Chile a hacerse una pregunta más profunda: ¿qué responsabilidad tiene una sociedad frente a los animales que viven bajo su cuidado, aunque nadie quiera reconocerse como responsable?
De esa indignación nació el impulso político de la llamada Ley Cholito, formalmente la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. La ley no solo buscó castigar el maltrato. Su intención fue ordenar una relación social que durante años había permanecido en una zona ambigua: animales con dueño, animales comunitarios, perros callejeros, camadas no deseadas, criaderos, abandono y una ciudadanía que muchas veces convivía con el problema sin asumirlo plenamente.
El caso chileno es importante para México porque muestra algo fundamental: una tragedia puede abrir la puerta a una política pública. Pero también muestra sus límites. Ninguna ley, por sí sola, transforma la realidad si no cambia antes la forma en que una sociedad entiende la responsabilidad sobre los animales.
¿Y México?
En México, hablar de protección animal suele llevarnos rápidamente a una conclusión: hacen falta leyes más duras. La idea parece lógica. Si hay abandono, maltrato, venta irregular de perros y gatos, camadas no deseadas y animales viviendo en la calle, entonces parecería necesario castigar más. Sin embargo, el problema es más profundo. En México ya existen leyes y sanciones contra el maltrato animal, pero muchas veces no se cumplen, no se denuncian o no se aplican con eficacia.
Por eso, una política pública mexicana sobre perros y gatos no puede limitarse a crear nuevas obligaciones en papel. Si no se trabaja al mismo tiempo en la conciencia ciudadana, cualquier ley corre el riesgo de fracasar. El abandono animal no empieza únicamente cuando alguien deja a un perro en la calle. Empieza antes: cuando se permite que salga solo, cuando no se esteriliza, cuando se compra sin pensar en los cuidados futuros, cuando se abandona una camada o cuando una comunidad alimenta a un animal, pero nadie asume realmente su cuidado.
Una política pública real de protección animal debe partir de esa realidad. No bastaría -por ejemplo- con mirar modelos de países con más recursos y copiarlos. México necesita una propuesta propia, construida desde su contexto social, económico e institucional.
Otros modelos internacionales y sus límites para México
En el mundo existen políticas exitosas que pueden servir de referencia. Calgary, en Canadá, tiene un modelo de licencias para perros y gatos que facilita devolver animales extraviados a sus dueños. Bélgica ha impulsado la esterilización obligatoria de gatos para reducir camadas no deseadas. En Inglaterra, la llamada Lucy’s Law prohibió la venta comercial de cachorros y gatitos por terceros, buscando combatir criaderos abusivos. Países Bajos, por su parte, es citado con frecuencia por su bajo número de perros callejeros, apoyado en registro, microchip, regulación y cultura de adopción.
Estos modelos son valiosos, pero no pueden trasladarse mecánicamente a México. Su éxito depende de condiciones que aquí no siempre existen: mayor presupuesto público, mejores capacidades municipales, sistemas de registro consolidados, cultura de cumplimiento y servicios veterinarios más accesibles. Por ejemplo, plantear en México un microchip universal obligatorio para todos los perros y gatos podría sonar bien, pero sería poco realista si no existen recursos suficientes para subsidiarlo, verificarlo y actualizarlo.
El problema mexicano requiere otra entrada. No se trata de renunciar a instrumentos como registro, microchip o sanciones. Se trata de ordenarlos según nuestra realidad. En México, antes de pensar en una política sofisticada de trazabilidad total, hay que enfrentar un problema más básico: la normalización social del abandono y de la reproducción sin control.
El problema mexicano: La responsabilidad diluida
En muchas colonias mexicanas, el perro callejero no siempre es un animal completamente abandonado. A veces tiene dueño, pero lo dejan salir solo. A veces duerme en una casa, pero pasa el día en la calle. A veces es alimentado por varios vecinos, pero nadie lo vacuna, nadie lo esteriliza y nadie responde si muerde, enferma o se reproduce. También hay perros y gatos que nacen de camadas no deseadas y terminan en la vía pública porque nadie pudo o quiso hacerse cargo.
Este fenómeno puede llamarse responsabilidad diluida. Todos conviven con el problema, algunos incluso ayudan parcialmente, pero nadie asume responsabilidad completa. Esa es una de las razones por las que el abandono y la reproducción descontrolada persisten.
Por eso, una propuesta mexicana no debe comenzar únicamente con sanciones. Debe empezar por modificar la cultura pública sobre la tenencia animal. Tener un perro o un gato no puede seguir viéndose como una decisión privada sin consecuencias sociales. Un animal que no está esterilizado, que sale solo, que genera camadas no deseadas o que termina en la calle produce costos para todos: para los vecinos, para los municipios, para los refugios, para la salud pública y, sobre todo, para los propios animales.
Cuatro ejes para una propuesta mexicana
El primer eje debe ser una pedagogía pública de tenencia responsable. No basta con campañas ocasionales contra el maltrato. Se necesita una estrategia permanente, sencilla y territorial. El mensaje debe ser directo: si tienes un animal, no lo sueltes; si lo alimentas todos los días, también eres corresponsable; si no puedes cuidar crías, esteriliza; abandonar también es maltratar.
Esta pedagogía debe estar en escuelas, colonias, mercados, hospitales, redes sociales, veterinarias, jornadas municipales y espacios comunitarios. También debe explicar que esterilizar no es un lujo, sino una forma básica de cuidado. La cultura ciudadana debe convertirse en el primer instrumento de política pública.
El segundo eje debe ser la esterilización masiva, territorial y constante. En México, este punto es más urgente que el microchip universal. La reproducción no controlada es una de las principales causas de abandono. Por eso, las jornadas de esterilización deben concentrarse en zonas con mayor presencia de perros y gatos en calle. No pueden depender solo de campañas aisladas ni de voluntad temporal.
Los municipios podrían trabajar con universidades, veterinarios, organizaciones protectoras y vecinos. El objetivo no debe ser esterilizar “cuando se pueda”, sino construir una política regular, medible y focalizada. Cada colonia intervenida debería tener seguimiento: cuántos animales había, cuántos se esterilizaron, cuántos fueron adoptados y cuántos siguen en calle.
El tercer eje debe ser un registro gradual y de bajo costo. En lugar de exigir microchip inmediato para todos, se puede iniciar con mecanismos más accesibles: placas económicas, códigos QR, registro municipal sencillo y expedientes básicos para animales atendidos en campañas públicas. El microchip podría aplicarse primero en adopciones institucionales, criaderos, perros de manejo especial y zonas piloto.
Esto permitiría avanzar sin imponer una carga económica imposible para muchas familias. La trazabilidad es importante, pero debe construirse poco a poco. En México, una política viable debe reconocer que no todos pueden pagar lo mismo ni cumplir de inmediato con requisitos costosos.
El cuarto eje debe ser el cumplimiento comunitario antes que el castigo masivo. Las sanciones deben existir, especialmente para abandono, maltrato, peleas, venta ilegal y reincidencia. Pero si la política empieza únicamente multando, puede generar rechazo y afectar más a quienes tienen menos recursos.
Primero hay que crear condiciones para cumplir: información clara, acceso a esterilización, registro sencillo, acompañamiento municipal y participación vecinal. Después, cuando existan esas condiciones, la sanción debe aplicarse con firmeza. La lógica debe ser: orientar, facilitar, registrar, esterilizar y, cuando haya negligencia o crueldad, sancionar.
Conclusión
La Ley Cholito ofrece una lección importante para México: la protección animal necesita instituciones, registros, obligaciones y sanciones. Pero también muestra que ninguna ley funciona por sí sola si no hay capacidad de aplicación y conciencia social.
México necesita una política propia. Una política que no copie de manera automática modelos de países con más recursos, sino que parta de su realidad: municipios limitados, alta informalidad, muchos perros y gatos en calle, baja esterilización y una cultura donde la responsabilidad sobre los animales muchas veces se diluye.
La prioridad mexicana debe ser construir una cultura pública de cuidado. Las leyes son necesarias, pero no suficientes. Antes que exigir un sistema perfecto de microchip y fiscalización, hay que lograr que la sociedad entienda algo básico: un perro o un gato no son objetos disponibles, ni problemas que se dejan en la calle, ni vidas que pueden reproducirse sin consecuencia.
Una política pública de protección animal debe comenzar por ahí: por hacer visible que cada animal abandonado expresa una falla colectiva. Y que la solución no depende solo del gobierno, ni solo de los refugios, ni solo de las organizaciones protectoras. Depende de construir una nueva responsabilidad ciudadana, donde cuidar, esterilizar, adoptar y no abandonar se vuelvan prácticas normales de convivencia.
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