Por: Juan José Alva Sánchez
Durante años, la política ambiental en México se ha desarrollado a partir de tres funciones del gobierno: regular, sancionar y compensar. Un ejemplo fue el derrame de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014. Tras el vertimiento de 40 mil metros cúbicos de solución de cobre, la autoridad ambiental impuso sanciones económicas y obligó a la empresa a participar en un fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinado a reparar y compensar los daños ocasionados.
El Estado actuó, pero lo hizo esencialmente después de que el daño ya se había producido.
Por ello, quizá hace falta una pregunta distinta: ¿y si el Estado no se limitara a corregir el deterioro ambiental, sino que utilizara su capacidad de inversión para construir una economía capaz de evitarlo?
La economista Mariana Mazzucato ha insistido en que los gobiernos pueden hacer mucho más que intervenir cuando los mercados fallan. También pueden orientar inversión, innovación y capacidades productivas hacia grandes objetivos públicos. A esta lógica la denomina un enfoque de misiones.
Llevada al terreno ambiental, esta idea resulta especialmente útil para una entidad como el Estado de México.
Una misión podría ser, por ejemplo, reducir significativamente la huella ambiental de las ciudades mexiquenses y convertir esa transformación en una fuente de innovación, inversión y empleo.
Aquí la inversión pública resulta fundamental.
Cada año el gobierno construye escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua y otros tipos de infraestructura. También adquiere vehículos, energía, materiales y miles de bienes y servicios. La pregunta es qué sucedería si una parte creciente de esa inversión tuviera además un propósito deliberadamente verde.
Invertir en plantas de tratamiento y reúso de agua; instalar sistemas de eficiencia energética en edificios públicos; recuperar cuencas y bosques; construir infraestructura para economía circular; sustituir progresivamente tecnologías contaminantes o desarrollar infraestructura verde en las ciudades no significaría únicamente gastar en medio ambiente.
Significaría utilizar la inversión pública para crear demanda.
Si el gobierno requiere tecnologías para reutilizar agua, materiales sustentables, sistemas de eficiencia energética o soluciones para aprovechar residuos, genera incentivos para que empresas produzcan esas soluciones, universidades desarrollen conocimiento y trabajadores adquieran nuevas capacidades.
La inversión pública puede abrir el camino que después recorra la inversión privada.
Esa es una diferencia fundamental. No se trata simplemente de entregar subsidios para que determinadas empresas sean más rentables. El Estado define un problema, invierte en resolverlo y contribuye a construir alrededor de esa inversión un ecosistema de proveedores, tecnología, conocimiento y empleo.
El Estado fija la dirección; empresas, universidades y sociedad desarrollan distintos caminos para llegar a ella.
El Estado de México tiene además una ventaja: por el tamaño de su población, economía y administración pública, su capacidad de compra e inversión puede generar escala. Una política sostenida de inversión verde podría convertir necesidades ambientales que hoy representan costos —agua, residuos, energía, deterioro forestal— en nuevos campos de actividad económica.
Esto permitiría superar una falsa oposición que todavía aparece con frecuencia: desarrollo económico contra protección ambiental.
Recuperar agua, aprovechar residuos, restaurar bosques o reducir el consumo energético requiere trabajadores, empresas, tecnología, conocimiento e inversión.
Una economía verde también produce valor.
Por ello, quizá la discusión de los próximos años no debería centrarse solamente en cuánto dinero destinamos a proteger el medio ambiente, sino en algo más ambicioso: qué parte de nuestra inversión pública estamos utilizando para construir la economía verde que necesitaremos en el futuro.
La transición verde no debería ser únicamente una política ambiental.
Puede ser también una política de inversión y una estrategia de desarrollo.
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